martes, 29 de enero de 2013

El Destacamento de Arana sería convertido en sitio de memoria

Comenzaron las gestiones para convertirlo en un sitio de memoria Desafectaron el destacamento de Arana
La seccional policial en las afueras de La Plata funcionó como centro clandestino durante la dictadura. El gobierno bonaerense decidió su traslado, tras un pedido del tribunal que juzgó los crímenes en el denominado Circuito Camps.

Por: Pablo Roesler
El Destacamento de Arana era un lugar de tortura permanente, de día y de noche. Era un infierno: ponían música a todo volumen y las descargas eléctricas se escuchaban en la radio. A veces traían tanta gente que se repartían y hacían también submarino en una bañera del baño.”

La descripción que la ex detenida Cristina Gioglio hizo en el último juicio de La Plata resume el horror que cientos de personas vivieron en el centro clandestino de detención de Arana. Por esos relatos y por el pedido de las querellas, en la sentencia del juicio por el Circuito Camps el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 instó al Poder Ejecutivo Provincial a que convierta ese destacamento policial en un sitio de Memoria y, el 7 de enero pasado, la Dirección de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos provincial hizo el pedido formal al Ministerio de Seguridad y Justicia, que esta semana tomó nota y ordenó comenzar la desafectación de la seccional ubicada en las afueras de La Plata.

En su sentencia del 19 de diciembre pasado, los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela instaron al Ejecutivo provincial "para que el 'Destacamento de Arana' y la 'Comisaría 5º de La Plata' que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, sean destinados a sitios de 'La Memoria'". Esos pedidos habían sido realizados por las querellas y por el nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Leonardo Fossati .

Tras ese pedido fue Derechos Humanos provincial quien tomó la posta. En una carta fechada el 7 de enero pidió al ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Blas Casal, "arbitrar los medios a su alcance para que autorice la desafectación" de ese ex centro clandestino ubicado en 640, entre 130 y 131, que todavía funciona como dependencia policial, la misma que tenía antes de que la Policía del coronel Ramón Camps y del comisario Miguel Etchecolatz, vieran en esa construcción alejada del centro platense el lugar ideal para convertirlo en un campo de detención, de torturas, homicidios y quema de cadáveres.

El miércoles pasado Casal tomó la decisión por la mañana. Fuentes de su cartera informaron a Tiempo Argentino que el ministro comunicó la decisión a la flamante Comisión de la Verdad Histórica del Ministerio de Justicia y Seguridad para que inicie los trabajos de "planeamiento para la desafectación y el traslado del destacamento".

"La desafectación es el primer paso para transformar el Pozo de Arana en un sitio de Memoria", explicó el director de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, Matías Moreno. "Es un paso más en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en 2003, cuando el gobierno asumió las demandas históricas de los organismos de Derechos Humanos para transformarlos en política de Estado."

El desalojo de ese ex centro se ubica en ese camino. El Destacamento de Arana fue señalizado como centro clandestino de detención el 25 de marzo de 2009, cinco meses después de que las excavaciones que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó en el marco de la instrucción de la causa Nº11, que finalmente fue juzgada el año pasado por el TOF1 en el juicio por el Circuito Camps, descubrieran 10 mil fragmentos de restos óseos con signos de haber sido quemados con cubiertas de autos, unos 70 casquillos de distintos calibres, gran cantidad de balas y un paredón de fusilamiento con más de 200 impactos. Tras esos hallazgos, el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al Ejecutivo el desalojo del destacamento, pero la provincia lo consideró inviable. La insistencia corrió por parte de los organismos de Derechos Humanos durante los años siguientes.

El destacamento policial de Arana Sección Cuatrerismo funcionó como centro clandestino entre mayo de 1976 y marzo de 1978. Una investigación realizada por la ex detenida desaparecida Adriana Calvo, cuyo testimonio en el juicio a Miguel Etchecolatz en 2006 fue incorporado en el juicio por el Circuito Camps por video debido a que la testigo falleció en 2010, logró identificar a 271 personas que permanecieron detenidas en Arana. De esas víctimas, 78 fueron asesinadas o desaparecidas, 117 liberadas y de otras 24 no se conoce su destino. Ese informe reveló también que allí nació un bebé cuyo destino se desconoce y que estuvieron secuestradas otras 51 personas de quienes no se sabe aún su identidad.

En mayo pasado, en el marco del proceso judicial, el TOF1 recorrió el centro clandestino junto a los sobrevivientes Walter Docters, Nilda Eloy, Nora Ungaro y María Cristina Gioglio. A ese campo, donde también estuvo secuestrado el testigo desaparecido Jorge Julio López, Docters lo definió como "el centro de exterminio más importante de la capital de la provincia" y un "símbolo de la represión". En el juicio declararon medio centenar de testigos por los hechos cometidos en Arana y de los 23 represores condenados, once recibieron castigo por su accionar en ese centro clandestino.

El reclamo de un nieto recuperado
En la sentencia en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 (TOF1) de La Plata condenó en diciembre pasado a 23 represores del Circuito Camps por los crímenes cometidos contra 280 víctimas en seis centros clandestinos de detención, también exhortó a la provincia de Buenos Aires a que "desafecte" los sitios donde funcionaron esos centros. El pedido había sido realizado en el juicio por un nieto recuperado.

En uno de los apartados de su veredicto, cuyos fundamentos serán leídos el 25 de marzo, los jueces resolvieron "exhortar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a fin que se desafecten las dependencias policiales que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar, especialmente el 'Destacamento de Arana', la 'Comisaría 5ª de La Plata', la 'Brigada de San Justo', 'Puesto Vasco' que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco y el 'COTI Martínez'". Y puntualmente lo instó a que en el destacamento de Arana y la Comisaría 5ª sean convertidos en sitios de memoria.

El pedido había sido realizado durante los alegatos por las querellas y por el nieto recuperado Leonardo Fossati, a quien le permitieron hablar desde el estrado luego del alegato de las Abuelas de Plaza de Mayo. El joven, quien recuperó su identidad en 2005 y que según se demostró en el debate nació en la cocina de la Comisaría 5ª, donde su madre desaparecida estaba en cautiverio, pidió a los jueces que ordenen a la Provincia la desafectación de esa seccional y la de Arana para convertirlos en "sitios de memoria que defiendan la Memoria, la Verdad y la Justicia".

"Señores jueces, les quiero pedir encarecidamente por estos ex centros clandestinos de detención que fueron la Comisaría 5ª y el Destacamento de Arana. Les solicito que insten al Poder Ejecutivo a que desafecte los mismos, teniendo en cuenta todos los hechos que allí sucedieron", dijo Fossati en la audiencia del 21 de noviembre pasado.

El primer paso fue dado. La comisaría donde nació continúa en la actualidad en funciones en pleno casco fundacional de la ciudad, en Diagonal 74, entre 23 y 24, a metros del seminario mayor de La Plata, sobre cuyos funcionarios los jueces también ordenaron iniciar una investigación por los vínculos que mantenían con ese centro.

Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario

miércoles, 16 de enero de 2013

Entrevista Guadalupe Godoy, Justicia Ya La Plata

“Nuestro rol es correr los límites”

Participó como abogada de las víctimas en el juicio por el circuito Camps. Analiza el reconocimiento que hizo el tribunal al rol de las querellas. Habla de las dificultades en la etapa de instrucción, a cargo del juez Arnaldo Corazza.

 Por Alejandra Dandan

El rol de las querellas de los organismos de derechos humanos fue replanteado durante el juicio oral por los crímenes del circuito Camps: el tribunal equiparó alguna de las funciones a las de la fiscalía y en la sentencia respondió a todos sus planteos. Guadalupe Godoy es una de las abogadas que desde el colectivo Justicia Ya! La Plata interviene como querellante desde los Juicios por la Verdad hasta ahora. “Había una idea de que nuestras demandas eran excesivas –dice–, pero en realidad se termina viendo que justamente el rol de las querellas es correr esos límites tradicionales que tienen los juicios.”

–¿Cómo evaluó el juicio?

–Fue un juicio que tomó gran parte del reclamo que como querellas hicimos desde el reinicio de las causas. La unificación de las causas, por ejemplo. No nos olvidemos de que veníamos de una instrucción dividida en distintos centros clandestinos donde hubo que pelear que algunos casos quedaran en La Plata y no romper la “unidad” del circuito Camps. Otro eje fue la masividad, porque en La Plata sólo habíamos tenido juicios contra un represor como (Miguel) Etchecolatz y (Christian) Von Wernich y por algunas víctimas. Esta vez, se pudo plasmar más la dimensión social del genocidio en La Plata y más allá de los casos emblemáticos, ver el ataque al movimiento estudiantil y obrero y cómo se definió en cada caso.

–Esos “ataques” y las particularidades fueron eje del alegato.

–Mostramos que el 58 por ciento de las víctimas de este tramo del circuito pertenecían a la Universidad de La Plata. Otra de las cosas que logramos es que los testimonios se tomaran en un orden cronológico de acuerdo con la fecha de secuestros, y eso permitió ver cómo se modificó el “enemigo” a destruir a lo largo de la dictadura.

–¿Que mostró?

–Que en el inicio del ’76 fue focalizado en el movimiento obrero de La Plata, en especial el sector industrial. El 24 de marzo se produjeron detenciones masivas en las fábricas. Después, se ve que se orienta la destrucción hacia el movimiento Montoneros y posteriormente al movimiento estudiantil. Todo el año ’77 se ve el ataque dirigido a los estudiantes en contacto con las organizaciones político revolucionarias y el ataque al Partido Comunista Marxista Leninista que era pequeño pero con uno de los núcleos más importantes en esta ciudad. Trabajamos la prueba documental que nos permitió hablar de genocidio, dijimos que no es una masacre indiscriminada, hubo una planificación y una forma de definir al enemigo a destruir.

–¿Qué desafíos presenta un megajuicio?

–Cuando ofrecimos la prueba ya teníamos el fallecimiento de Adriana Calvo, la desaparición de Julio López y por juicios anteriores, sobre todo Von Wernich y Unidad 9, sabíamos de la dificultad de muchos testigos para volver a declarar. Esto fue antes de que Casación dicte las últimas reglas. Nosotros habíamos pedido que pudieran usarse estos testimonios que ya habían sido dados, y fue la primera vez que un tribunal aceptó: el juicio arrancó con los testimonios de Adriana y Julio López.

–¿Cuales fueron otros? El rol de las querellas en este juicio fue singular porque los jueces equipararon en alguna ocasión el rol a la fiscalía.

–Un punto determinante fue el pedido de ampliación por homicidio en los casos donde se habían recuperado los cuerpos a través del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Eso reflejó el trabajo previo de las querellas porque hubo muchos casos en los que las negativas a ampliar las imputaciones habían estado en la instrucción. Se pudo superar ese escollo. La sentencia mostró en ese sentido un reconocimiento al rol de las acusaciones.

–¿Cambiaron las querellas, se profesionalizaron?

–Creo que se aceptó el rol. Había una idea de que nuestras demandas eran excesivas, pero en realidad se termina viendo que justamente el rol de las querellas es correr esos límites tradicionales que tienen los juicios. Creo que se empezó a ver el valor de esas disputas. O de no conformarnos con juicios simbólicos que no se plasmaran en prisiones efectivas.

–¿Cuáles son los puntos pendientes?

–En La Plata es el criterio de selectividad encubierta que aplican los jueces a la hora de procesar. A quiénes indagan y a quiénes procesan. Cuando la condena dice que se persiga penalmente a (ex fiscal Alberto) Rodríguez Varela, (el juez Arnaldo) Corazza dice: yo lo tengo imputado. Pero los jueces le dijeron justamente eso: usted lo tiene imputado desde 2007, pero no hizo nada. En ese sentido, el juicio mostró las deficiencias de la instrucción. El criterio jurídico es que los únicos que están llegando a juicio son los jefes de la cadena de mandos policial o ahora del 601, pero con una resistencia a resolver la situación de los que fueron subalternos en los centros clandestinos.

–¿Cuántos imputados tiene?

–En Comisaría V tuvimos una docena de acusados en este juicio y en 2004, cuando se abrió la causa, el fiscal Félix Crous imputó a todos los que revistaron, que son más de cien y lo mismo en Brigada y Pozo de Banfield. Salvo que sean reconocidos por algún sobreviviente o que se acredite la participación en hechos, no hay llamado a indagatoria. Otro eje pendiente es una mirada integral en la que surgen responsabilidades de empresas y complicidades. Se condenó sólo a Jaime Smart cuando son varios, entre ellos ministros, los que integraron el gobierno y tienen imputación desde 2007 sin resolver. Falta también el tema homicidios: parece insólito, pero nunca logramos que Corazza recepte cuáles son los identificados por el EAAF y amplíe los cargos.

–La sentencia hizo una mención a Julio López. ¿Fue un reconocimiento?

–López nombró a muchos policías con los cuales Corazza todavía no había hecho nada, ni los había llamado a indagatoria. Estaban citados como testigos en el juicio. Nos opusimos. El tribunal nos preguntó por qué y desde cuándo estaban imputados. Dijimos que desde el 2007. Le mandaron un oficio a Corazza. Corazza les dijo que no podían tomarles testimonial porque los tenía imputados. Mientras tanto, la fiscalía le hizo un planteo de denegación de justicia a Corazza por éste y otros temas. La Cámara le ordenó indagar a los policías a la brevedad. Los citó, los indagó y justo cuando nosotros alegamos, les dictó a tres la falta de mérito. En la resolución decía que López es un testigo y nada más; que debería haber testimoniado mucho antes o reconstruido las circunstancias para acreditar sus dichos y que no se lo puede soslayar porque muchas madres y abuelas sufrieron tanto o más y sí lo hicieron. Yo le dije al juez (Roberto) Falcone: ustedes me dicen que lleve a los testigos a la instrucción para dar testimonios completos, vamos a leerles un párrafo que muestra cuál es la voluntad de la instrucción para escuchar nuevos testimonios.

–¿Por eso la mención en la sentencia?

–La sentencia enumera los nombres de los policías denunciados por López, los manda a indagar y que se los investigue como un reconocimiento a la verdad del testimonio de López y un cierto reproche al juez.