domingo, 23 de diciembre de 2012

Justicia YA! La Plata - COMUNICADO

LAS COSAS POR SU NOMBRE: GENOCIDIO

Para quienes pasaron por los centros clandestinos de detención (CCD) de la última dictadura, poca duda puede haber de lo que allí se consumó fue un genocidio. El secuestro, la tortura, las violaciones, el asesinato, la desaparición, el robo de los hijos configuran el horror mismo, que fue implementado para imponer un sistema político y económico de entrega. Dejar a un puñado de sobrevivientes, de aquellos que transitaron la muerte en los campos de exterminio, tenía una finalidad precisa: aterrorizar, inocular el terror en nuestro pueblo, rompiendo los lazos solidarios que durante décadas se habían creado, permitiendo que la desconfianza fuera la que tejiera nuevos hilos. Vencer ese mandato de los perpetradores fue parte de la resistencia, pero también lo fue cumplir con otro mandato: el de aquellos que no pudieron salir de los campos, el de nuestros compañeros. Ser su voz se convirtió en un deber. Denunciar lo que había sucedido y señalar a cada uno de los responsables fue la responsabilidad asumida en estos más de treinta años por amplios sectores de nuestro pueblo que lucharon y luchan contra la impunidad.

Luchamos contra la impunidad consagrada en forma de ley. Logramos la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, llegamos al primer juicio desde la reapertura de las causas: el que sentó en el banquillo al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. En los alegatos de ese juicio, desde Justicia YA!, reclamamos que se reconociera que en la  Argentina se perpetró un genocidio. Antes de escuchar la sentencia, escuchamos las críticas de aquellos que decían que con nuestro reclamo poníamos en peligro los juicios, que las causas podían caerse, que había que contentarse con unos pocos juicios fragmentados que ocultaban la dimensión de la matanza, que había que jugar con las pocas cartas que el sistema arrojaba. Sabíamos que la dictadura había intentado “reorganizar” toda la estructura social, destruyendo parcialmente al grupo nacional argentino, no encontrábamos otro nombre para ello que GENOCIDIO.
Desde ese 2006 que logramos la condena a prisión perpetua a Etchecolatz, insistimos en cada tribunal que se reconociera y sancionara el proyecto genocida de la última dictadura. Después de estos seis años de lucha, en el juicio que se siguió contra 26 represores del circuito Camps, escuchamos a las otras partes querellantes aunarse en el mismo reclamo. Y por fin escuchamos el miércoles 19 al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Plata, presidido por el Dr. Carlos Rozanski, decir que las conductas de los 23 imputados, “al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de genocidio” y que por ello correspondía la condena por ese delito. La sala estalló en un grito liberador. Aplaudimos, lloramos, sentimos que al fin los tribunales empezaban a hacerse eco de lo que el pueblo gritaba hace décadas. Porque ahora sí, en el país, en el que en la calle se les grita a los perpetradores “genocidas”, los jueces dicen que lo son. Y lo dicen porque luchamos y probamos que así lo es.
La sentencia del miércoles pasado fue un reconocimiento judicial de lo que es una verdad popular. Logramos que el TOF ordenara a los jueces de instrucción investigar los delitos sexuales en los CCD, el accionar de las jerarquías de la Iglesia católica y de la corporación judicial y el rol de los civiles, piezas imprescindibles para la construcción de décadas de impunidad en nuestro país. También que exhortara a los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para que se desafecten las dependencias policiales que fueron CCDs y que sean destinados como sitios de memoria. Conseguimos que 16 genocidas fueran condenados a prisión perpetua, que al médico torturador Jorge Antonio Bergés fuera sentenciado a 25 años de cárcel, que se revocaran las domiciliarias de los represores y que se condenara a un civil: Jaime Lamont Smart, el ex ministro de gobierno bonaerense. La sentencia significó una instancia de reconocimiento, de conquista y de puesta en evidencia de todo lo que falta por hacer. Los juicios no pueden estar en su etapa de cierre, como afirma el actual secretario de DDHH Martín Fresneda, sino todo lo contrario. Falta mucha justicia que construir y mucha impunidad que deconstruir: la apertura de los archivos de la dictadura, la restitución de la identidad de los hijos de nuestros compañeros y compañeras que fueron apropiados en los CCD.

Todos estos años de lucha llevaron a que consiguiéramos una condena ejemplar e histórica. El reconocimiento judicial del genocidio perpetrado en nuestro país nos reafirma en la lucha por conseguir la condena a todos los genocidas y en buscar la justicia por todos los compañeros/as detenidos- desaparecidos. Ése fue el compromiso de Julio López al declarar contra Etchecolatz. Ése fue el compromiso de Adriana Calvo, que con su testimonio valiente y su lucha inclaudicable, demostró que la verdad y la justicia no transitan por carriles separados. Ése es nuestro compromiso.

30 mil compañeros detenidos-desaparecidos: ¡PRESENTES!


Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega;Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata

Teléfonos de contacto
Carlos Zaidman (AEDD): (0221) 15 573 1407
María Laura Bretal (Unión por los Derechos Humanos): (0221) 15 558 0751
Guadalupe Godoy (CTA LP-Ensenada): (0221) 15 637 7100

sábado, 22 de diciembre de 2012

El juez Roberto Falcone habla sobre la sentencia de la causa "Circuito Camps"

Y la primer condena a un funcionario civil de la última dictadura.
“Tener un uniforme o tener un traje es lo mismo”

Integró el tribunal platense, pero es juez de Mar del Plata. Explica la denuncia al diario La Nación por sus editoriales, la calificación de genocidio y el concepto de autores directos aplicado a los represores y también a quienes fueron funcionarios públicos durante el terrorismo de Estado.

 Por Alejandra Dandan

El miércoles pasado Jaime Smart fue condenado en La Plata a cadena perpetua. El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata evaluó que la responsabilidad del ex ministro de Gobierno de la provincia –abogado sostenido aún hoy desde el establishment– era igual que la de los militares. Este es uno de los nudos fundamentales del fallo: Smart no fue considerado un “cómplice civil”, sino que se lo evaluó como a los otros 22 acusados, como “autor directo”. El juez federal Roberto Falcone, que integró el tribunal, dice que es un cambio de paradigma. “Esto no es nuevo, pero jamás nadie se animó a decirlo”, dice. “Ex profeso nosotros decimos que el civil que era funcionario público y permitió la lesión de los bienes jurídicos de la víctima es autor y no cómplice. Eso es lo que estamos comunicando con el fallo, porque, si fuera cómplice, la acción empieza cuando el autor directo comienza la tentativa, y eso lo pone en un rol secundario, y en este fallo lo hemos puesto como protagonista. Tener el uniforme o tener un traje es lo mismo cuando se custodian los bienes públicos.”

Falcone es juez federal de Mar del Plata, donde comenzó con los juicios de la verdad en 2000, en un proceso en el que ordenó la detención de militares, uno de ellos acusado por violación. Presidió el Tribunal Oral Federal que desde Tandil impulsó un pedido de investigación sobre Loma Negra, en el marco del juicio por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. Ahora, luego de la sentencia de La Plata, repasa en este diálogo puntos clave del fallo sobre el Circuito Camps. Entre ellos, la “presión” que ejerció el diario La Nación a través de solicitadas y cartas de lectores con información destinada a mejorar la situación procesal de Jaime Smart, el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, primer funcionario civil del régimen alcanzado por una condena, y parte del establishment judicial. Explica qué dijeron los jueces sobre “genocidio”, la orden de detención del ex fiscal y ex ministro de Justicia Alberto Rodríguez Varela, y metódicamente analiza la figura del “autor directo”.

–¿Cómo fue el planteo por el diario La Nación?

–No puedo hablar de las amenazas porque las está investigando el juez (Ariel) Lijo en este momento, pero puedo decir esto: no se puede estar todos los días declamando la independencia judicial y durante 10 meses publicar editoriales y notas de lectores donde se descalifica al Tribunal. Se comunica supuestas resoluciones en base a pruebas, omitiendo que hay otras pruebas que dicen absolutamente lo contrario. Es decir, cuando la información no es fidedigna. Y todo para mejorar la situación procesal de alguno de los imputados. Parte de esas notas son soporte documental de las amenazas que sufrimos, es lo único que puedo decir. Lo que hicimos fue poner esta actitud de hostilidad o de presión hacia el tribunal por parte del diario La Nación en conocimiento de la Corte Suprema y la Comisión Interpoderes, porque ya que se está hablando tanto de independencia judicial, me parece que ésta es una forma de afectar la independencia judicial.

–En la sentencia hablaron de “maniobras” de La Nación.

–Claro, porque era todo para beneficiar a dos imputados. Uno fallecido y el otro condenado. Denunciamos estas maniobras a través de presiones.

De cómplice a autor


En la sentencia, el tribunal condenó a los 23 acusados como “autores directos”. Falcone dice que es un cambio de paradigma porque, a través de la figura del autor directo, los civiles que pertenecieron al Estado empiezan a ser leídos como parte del “Estado macrocriminal”, en una misma línea de “autoría” que los militares.

–¿Cuál es el corazón de la sentencia?

–Tendría que explicar por qué hay tantos autores directos. Por qué han sido condenados por delitos de “infracción de deber” merece una explicación, porque cambia el paradigma del juzgamiento de este tipo de delitos.

–¿Por qué?

–El terrorismo de Estado desplegó toda su maquinaria a partir de un aparato organizado de poder que obró en forma clandestina, admitiendo el empleo de la tortura para obtener información y así poder aniquilar a la subversión. El hecho de que el aparato de poder se manejara de forma clandestina, con personal encapuchado, de noche, con zonas liberadas y que las víctimas estuvieran tabicadas impide que la aplicación de esos hechos se pueda hacer a la luz de los parámetros normales. No es lo mismo un robo cometido bajo la luz del mediodía, que generalmente tiene testigos, y estos hechos deliberadamente ejecutados así para procurar impunidad. Además, los autores destruyeron todo rastro y evidencia y sustrajeron las pruebas relativas a la comisión de ese delito. Entonces, el primer problema que se le plantea al Poder Judicial es cómo se juzga un tema de macrocriminalidad estatal con delitos cometidos en la sombra, donde usted no tiene testigos presenciales. Hasta ahora los tribunales manejan la autoría por la utilización de aparatos organizados de poder de Roxin: o sea, los hombres de atrás le encargan, ponen a los aparatos de poder y los autores son los que ejecutan el homicidio. Otra teoría creada por ese autor alemán dice: el funcionario público no sólo no debe lesionar los bienes jurídicos cuya custodia le incumbe, sino que tiene que impedir que otras personas los lesionen. En todos estos delitos, los autores son funcionarios públicos: militares, policiales, civiles con cargos muy elevados. Entonces lo más importante es establecer la jerarquía, y si dentro de la jerarquía impulsaron el aparato criminal que cumplió todos estos secuestros, asesinatos y violaciones. Hay que ver qué hicieron en cada caso, pero no en cada caso fenomenológicamente: hay que ver si la persona lo hizo por su ámbito de su injerencia y si ellos contribuyeron a que el aparato criminal siguiera avanzando para terminar en lo que todos hemos visto que terminó. Esto permite de alguna manera juzgar con algún tipo de ecuanimidad.

–Otros dicen que “el quién hizo qué” es más “garantista”.

–A nosotros durante el juicio nos plantearon todos los artículos de las Convenciones de derechos humanos, todas las normas de la Constitución que protegen la situación de los imputados. Hemos sido bombardeados con artículos y declaraciones. Nosotros, en el Estado de derecho democrático y republicano les damos una respuesta a todas estas cosas, sin desconocer que en esas catacumbas justamente no existía el derecho. Lo que existía era la tortura y la muerte. Una cosa es el garantismo y otra la ingenuidad: cuando lo que estamos juzgando son delitos en la sombra (es ingenuo) pedir testigos como si fuera la única fuente de prueba que permite acreditar el hecho.

–¿Por eso Smart fue condenado así en el caso de Jorge Rubinstein? (el abogado del grupo Graiver que murió en Puesto Vasco como efecto de la tortura. En la causa “Camps” de 1985 los jueces descartaron el asesinato porque consideraron que no había prueba suficiente).

–Cuando las máximas jerarquías autorizan la tortura de manera indiscriminada están asumiendo con todas las consecuencias necesarias que muchas de esas personas van a morir. Este es el caso de Rubinstein. A mí no me importa si se murió durante la tortura, o porque le dio un infarto como consecuencia del estrés al que lo sometieron en la sesión de torturas anterior. Al derecho le alcanza con saber que las máximas jerarquías autorizaron el empleo de la tortura, y que el empleo masivo de la tortura iba a provocar la muerte.

–De hecho, los imputados se quejaron porque decían que Smart (los hombres de atrás) nunca eran juzgados como ellos.

–Para mí, lo que permitió demostrar este juicio de modo muy claro es que teniendo una jerarquía muy importante algunos empezaron diciendo que no sabían lo que pasaba. Que no podían preguntar porque siendo parte de un gobierno dictatorial era muy peligroso instalar la sospecha sobre su persona y entonces sabían lo mismo que un ama de casa. Luego terminaron afirmando que sabían todo lo que pasaba pero no podían hacer nada. O sea: la prueba fue tan decisiva que aquel desconocimiento inicial se trasformó en un conocimiento cierto de lo que ocurría en los centros clandestinos y en una argumentación por la que se introduce un supuesto estado de coacción en quien, en realidad, voluntariamente adscribió a ese plan criminal y a prestar funciones en un gobierno dictatorial.

–Habla de Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que falleció durante el juicio, y de Smart.

–Presentaron su aquiescencia para desempeñar un rol. Después no pueden decir que las órdenes venían de la Junta de Comandantes. El gobierno de la provincia puso todos los medios al alcance de la represión ilegal. O esa, quien presta su conocimiento para integrar un gobierno y desde el punto de vista comisivo facilita la tarea de la represión ilegal y pone a disposición de los ejecutores todos los medios, no puede sino ser autor.

–Pidieron que Smart fuera juzgado además por los otros 32 homicidios.

–Además de la condena a prisión perpetua por el doctor Rubinstein, torturas y secuestros de Puesto Vasco, ordenamos la detención por treinta y pico de homicidios calificados y lo pusimos a disposición del juez federal en turno de La Plata para que inicie la investigación por todos esos hechos.

Los Graiver y Papel Prensa

–¿Cómo es el caso del ex fiscal Alberto Rodríguez Varela? (el fiscal de Estado, y luego ministro de Justicia, al que ordenaron detener).

–Es un caso completamente diferente. Era fiscal de Estado y fue al centro clandestino de detención Puesto Vasco, que era un puesto caminero que se usó para llevar personas secuestradas. Luego de una sesión de tortura Isidoro Graiver fue conducido a una celda, estaba encapuchado y la capucha se la retiró el coronel Camps. Y estaba acompañado, según el relato de Isidoro Graiver, por el fiscal de Estado. Entonces, como funcionario público, su presencia en un centro clandestino y respecto de una persona tabicada que había sido sometida a tormentos amerita que se lo investigue por todos estos delitos, porque se sabía que no sólo estaba detenido Isidoro Graiver, sino todas las personas vinculadas con el grupo.

–Ustedes mandaron los testimonios a la causa Papel Prensa.

–No sé si tiene que ver con Papel Prensa. Lo que recuerdo es que tiene que ver con el dinero que el grupo Graiver había recibido de Montoneros, y por eso torturaron a todo el grupo. Una de la más damnificadas por la tortura, que realmente escucharla fue dolorosísimo, fue Lidia Papaleo. Respecto de esa tortura le quiero decir algo: (Norberto) Cozzani la confesó, confesó cómo fue torturada y quién condujo el interrogatorio bajo tormento, todo ese horror fue descripto de primera mano por los autores directos. Entonces, de allí surge un material riquísimo para proseguir con la investigación. Pero nosotros no juzgamos Papel Prensa, nos limitamos a remitir al juez Julián Ercolini los testimonios como lo pidió (la querella de) la secretaria de Derechos Humanos de Nación.

Genocidio

–¿Cómo fue la calificación de genocidio que aplicaron?

–Dijimos que estos delitos constituyen delito de genocidio, pero como las partes no fueron intimadas en todo el proceso por el delito de genocidio, dijimos que íbamos a aplicar, y aplicamos, el derecho común con tipificaciones del Código Penal argentino. O sea que de alguna manera el hecho de reconocer que fue genocidio es una suerte de lo que se denomina obiter dictum: una declaración, pero los imputados no fueron condenados por genocidio. Dijimos que había un genocidio, pero que no lo podíamos aplicar por cuestiones procedimentales.

–¿Encontraron alguna lógica en el circuito?

–La única lógica que pude percibir en el Circuito Camps es el salvajismo, la despersonalización a la que sometieron a las víctimas, la humillación. Siguieron todo el manual del derecho nazi. Hay un autor alemán que se llama Klaus Lüderssenn, que frente a estos casos, cuando se plantea con palabras rimbombantes la “reconciliación”, que no la propone la víctima sino el defensor de los imputados, dice: “El Estado no puede ser tan zonzo como para que estos personajes reciban sólo su jubilación”. Lo que quiere decir es que policías, jueces, militares, deben ser exonerados, apartados de la función pública. Eso es democratizar las instituciones, que estos personajes no convivan con los buenos militares, con los buenos policías y con los buenos jueces, porque realmente salpican a todo el mundo.

s domiciliarias

Revocaron todas las domiciliarias.

–Todas. La única que no pudimos revocar porque Casación ordenó el arresto domiciliario es la de (Eros Almílcar) Tarela. Tuvimos que mandar a hacerle nuevo examen médico. Tenía fallo reciente. Pero las demás las revocamos. Revocamos excarcelaciones, mantuvimos las detenciones. Inclusive hasta la condena más chica con disidencia mía fue de cumplimiento efectivo.

–Los defensores dicen que tienen derecho a domiciliarias porque son mayores de 70 años y están enfermos.

–Primero, el hecho de que tengan más de 70 años es una pauta, pero no la única. Si tienen problemas de salud pueden ser atendidos en un hospital del Servicio Penitenciario donde seguramente van a estar mejor que en su domicilio, con médicos a disposición. Y tercero, la gravedad de los delitos competidos, la pluralidad de los bienes jurídicos lesionado, la forma y el lugar en el que se cometieron, amerita que salvo circunstancia extraordinaria que ponga en peligro su vida, las penas deben cumplirse en un establecimiento del SPF.


“Que nadie piense que es una sentencia arbitraria”


Fueron muchas condenas a perpetua.

–Las condenas fueron las más graves del Código, de acuerdo con los casos. Fueron muchas perpetuas porque la jerarquía que tuvieron, dónde habían actuado y el análisis que hicimos de los legajos lo ameritaron. La sentencia va a ser lo suficientemente extensa y todos los defensores de los imputado van a tener la posibilidad de que sea controlada por Casación. Que nadie piense que ésta es una sentencia arbitraria.

–Ordenaron una investigación sobre la Iglesia y el Seminario Mayor.

– A pedido de la querella, consideramos que debe ser investigado el Seminario porque surgió que les enviaban comida a los desaparecidos de la Comisaría 5ª. Y también que debe investigarse la responsabilidad de (capellán Emilio) Graselli por la información que tenía de los hechos. Se abrió investigación por la complicidad del Poder Judicial. Esto fue pedido por muchos testigos y por todos los imputados, que se quejaron de que muchos de los jueces llegaban hasta el área restringida en la brigada donde estaban las personas secuestradas y luego asesinadas. Es muy importante, porque los imputados se quejaron del distinto tratamiento que reciben el personal judicial y el policial. Creo que la investigación debería ser lo más exhaustiva, transparente y rápida, a los efectos de que la Justicia mire los casos con igual criterio.


Homicidios sin cuerpos

Probaron homicidios en casos en los que no se encontraron los cuerpos.

–Una persona es víctima de una muerte violenta cuando se cumplen tres requisitos: acción, nexo causal y resultado. Confundir el cuerpo del delito con el cadáver es confundir el cuerpo del delito de homicidio con el corpus criminis. El cadáver es uno de los elementos del cuerpo del delito, pero que falte no impide acreditar el cuerpo del delito porque el cuerpo del delito es la realidad del hecho criminal. Si una persona fue secuestrada, torturada, vista por última vez en un centro clandestino, si se sabe que fue trasladada, con independencia de los derechos de los familiares a hacerse del cuerpo o poder hacer su duelo, desde el punto de vista jurídico procesal con esos elementos alcanza para establecer un homicidio.

viernes, 21 de diciembre de 2012

Condenas por apropiación y complicidad con el genocidio

En otro fallo histórico, el TOCF Nº 1 de La Plata sentenció con 10 años de prisión a una médica de policía que fraguó la partida de nacimiento de Sebastián Casado Tasca. En tanto su apropiadora recibió 5 años y seis meses.

Por Diagonales@gmail.com

Las dos mujeres acusadas por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, hecho ocurrido en La Plata durante la última dictadura militar, recibieron condenas de 10 y 6 años y medio. La pena más abultada fue para la médica de policía Nora Raquel Manacorda, quien fraguó la partida de nacimiento del bebé, y la segunda para su apropiadora, Silvia Beatriz Molina. El fallo del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1, integrado en esta ocasión por Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Vega, es una vez histórico, pues considera a ambas acusadas cómplices del “genocidio perpetrado entre 1976 y 1983”. Consideraron para ello el “traslado” que hicieron del menor “de un grupo familiar a otro”.

La lectura de la sentencia se realizó en la sala de audiencia que el Tribunal tiene en 4 entre 51 y 53, a poco más de 12 horas de que concluyera el mismo trámite del juicio por los crímenes cometidos en el denominado Circuito Camps. En una sala algo menos colmada que en esa oportunidad, el fallo fue recibido con menos efusividad que el anterior, pero con el mismo nivel de elogio por su carácter inédito. Es la primera condena por apropiación de menores en la que se toma el criterio de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, estuvo presente durante la lectura del fallo, y al concluir la misma elogió al Tribunal.

En el caso de Manacorda, habrá una evaluación médica para comprobar si está en condiciones de afrontar prisión efectiva o si su prisión será domiciliaria. En tanto Molina seguirá libre hasta que la sentencia esté firme.

Secuestro y aparición. Sebastián Casado Tasca, de 34 años, recuperó su identidad en febrero de 2006. Había nacido en marzo de 1978 cuando su madre Adriana Leonor Tasca, estudiante de derecho secuestrada en La Plata a fines de 1977 cuando tenía 5 meses de embarazo, estaba cautiva en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”.

Tasca permanece desaparecida, al igual que el padre de Sebastián, Gaspar Casado, también estudiante de derecho secuestrado junto a su esposa, quien, según testigos, estuvo detenido en la ESMA.

Tras dar a luz, el niño fue entregado por un oficial de las Fuerzas Armadas a un matrimonio allegado, integrado por Angel Capitolino y Silvia Beatriz Molina, quienes lo inscribieron como hijo propio, con el nombre de Sebastián Capitolino, con una partida de nacimiento falsa firmada por Manacorda, la médica de la policía bonaerense que se desempeñaba en la División Sanidad de la fuerza.

Ángel Capitolino, ya fallecido, había sido denunciado en 1984, pero en esa oportunidad no se pudo acreditar la verdadera afiliación de Sebastián Casado Tasca, por lo que se declaró extinguida la acción penal. En octubre de 2009 se declaró que la apropiación es un delito de lesa humanidad por lo que se declaró nula la resolución que extinguió esa acción penal.

Su hermana de crianza se acercó primero al CONADI a investigar la posibilidad de ser hija de desaparecidos, pero en su caso los resultados dieron negativo. En esa oportunidad se enteró de la existencia de una causa contra Capitolino, ya prescripta, donde se había cuestionado el origen de Sebastián.

Finalmente Casado Tasca se acercó al CONADI, y tras acceder al expediente contra Ángel Capitalino tuvo la prueba de su posible apropiación. Meses más tarde, en septiembre de 2005, accedió a la prueba de ADN cuyos resultados estuvieron en febrero de 2006.

jueves, 20 de diciembre de 2012

Camps: 16 perpetuas y avance sobre la complicidad judicial

Además de condenar a los represores, el Tribunal ordenó detener a un ex Fiscal de Estado, pidió investigar al vicario castrense, y denunció por presiones al diario La Nación. 

Las condenas a prisión perpetua de 16 de los 23 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el denominado Circuito Camps que operó con varios centro clandestinos de detención en La Plata y la región, entre ellos al ex comisario Miguel Etchecolatz, y a quien fuera el ministro de Gobierno del último gobierno dictatorial en la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, constituyen el dato de coyuntura más importante de la sentencia leída este miércoles por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1. Pero sobre ese fallo se basan otras consideraciones tan (o más, por novedosas) importantes de cara al futuro de este tipo de procesos. Los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela, emitieron un contundente mensaje sobre la presunta complicidad de la Justicia, la Iglesia y la prensa.

En el primer caso, al pedir que se investigue la complicidad de funcionarios judiciales provinciales y federales, ordenaron la detención de quien fuera el Fiscal de Estado bonaerense, Alberto Rodríguez Varela, quien se habría entrevistado con integrantes de la familia Graiver durante su secuestro en el Centro de Detención Clandestina de Puesto Vasco, en una acción presuntamente vinculada con el traspaso de la empresa Papel Prensa. Esa decisión, sumada a la de remitir los testimonios a la causa que investiga la presunta apropiación de la compañía, constituyen uno de los datos más relevantes y novedosos surgidos del juicio.

El mensaje de los jueces es también para la Iglesia, cuando solicitaron, en uno de los puntos de su sentencia, la investigación del rol jugado durante la dictadura por el vicario castrense, Emilio Grasselli, así como a miembros del Seminario Mayor de La Plata.

El otro sector corporativo destinatario del mensaje del Tribunal es la prensa, a través del diario La Nación. Los jueces remitirán a la Comisión Nacional de Independencia Judicial y a la Comisión Interpoderes, copias de dos editoriales de ese matutino, publicadas en las últimas semanas, por considerar que las mismas constituyeron un intento de presión sobre los jueces, a la vez que fueron utilizadas en envíos anónimos para amenazarlos.

Existe otro mensaje, de valor simbólico y concreto relevante que aporta un nuevo elemento a los juicios por crímenes de lesa humanidad: se recomienda a todos los jueces que lleven adelante este tipo de juicios, que consideren los delitos sexuales sufridas por las víctimas en el marco que se dieron.

También se instó al gobierno provincial a desafectar de su función en la policía a los lugares donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención, como el Destacamento de Arana y la Comisaría Quinta, Puesto Vasco, el COT I Martínez y la Brigada de San Justo, y que los dos primeros sean convertidos en sitios de memoria.

Como en el juicio que se le realizara a Etchecolatz en 2006, el Tribunal que encabeza Rozanski enmarcó los crímenes cometidos por los 23 imputados en la figura de “delito internacional de genocidio”. Y por la magnitud de los hechos por los cuales fueron condenados, ordenó la detención de los acusados que gozaban de prisión domiciliaria.

La lectura de la sentencia tuvo su momento de tensión cuando Etchecolatz, en el momento de la lectura de su segunda condena a perpetua, se paró desafiante y sacó para mostrar al tribunal y al público una pancarta con la leyenda "El juicio y castigo ya llega a la Justicia Corrupta", y "162 policías muertos, justicia dónde estás?". Tras la inmediata reacción de la sala, el juez ordenó que el imputado sea sacado de la sala.

Con esta sentencia, después 36 años, se hace justicia con hechos tan emblemáticos ocurridos durante la dictadura como la Noche de los Lápices; el ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, donde asesinados cinco militantes y secuestrada Clara Anahí Mariani; o la persecusión a la familia Graiver, en el marco de la presunto traspaso compulsivo de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

El clima previo. La jornada de la sentencia se vivió desde temprano en la zona del Tribunal. En la esquina de 53 se realizó una suerte de feria con puestos instalados de distintos organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas. Stands en los que cada una de ellas realizó muestras o repartió panfletos y afiches. Estaban allí los militantes de La Campora y otras agrupaciones afines al kirchnerismo, quienes forman parte de la Mesa Nacional de Juicio y Castigo, en la que además confluyen la agrupación HIJOs, y el Movimiento Evita. Había también puestos de la CTA y Adulp.

En esa esquina se levantó además la pantalla desde donde los asistentes que optaron por no entrar a la sala de audiencia o no pudieron hacerlo, siguieron la transmisión en vivo. Durante toda la tarde, hasta el inicio de la audiencia, allí hubo música.

A cien metros, en la esquina del Correo Argentino de 4 y 51, la concentración, bastante menor, correspondió a las fuerzas de izquierda, afines la mayoría a la corriente ideológica de la conducción de la FULP. Banderas del Frente Darío Santillán, el Partido Obrero, y de las agrupaciones cercanas a las Copa y la Cepa, flamearon toda la tarde.

Entre ambas esquinas, desde las 16 se vivió un ritmo frenético con camarógrafos, periodistas, querellantes, abogados, y militantes que pugnaron por ingresar. Lo lograron alrededor de las 17, una hora antes de la hora pautada para el inicio de la lectura.

Durante la espera, la planta baja de la sala de audiencias se convirtió en un desfile de personalidades vinculadas con las lucha por el esclarecimiento de laos crímenes cometidos por la dictadura. El sobreviviente de la Noche de los Lápices, Pablo Díaz, fue uno de los primeros en llegar. El ex militante de la UES es querellante, y los secuestros ocurridos en septiembre de 1976 en La Plata, parte sustancial de los juicios.

Cuando la sala estaba a punto de colmarse, llegó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la otra sobreviviente de la Noche de los Lápices, Emilce Moler. También las madres de Plaza Mayo, Adelina de Alaye, Nora Cortiñas. También se sumaron Rosa Bru, Laura Comte, Adelina de Alaye, el ex fiscal Hugo Cañón y Marta Vedio.

A las 18.15 entraron Chicha Mariani y Elsa Pavón, en medio de una ovación para la fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Minutos antes lo había hecho el canciller Héctor Tímerman, quien declarara en este juicio como testigo, por el secuestro que sufriera su padre Jacobo, cuando era director del diario La Opinión. Con él entró el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresnedas. Casi en el mismo momento llegó el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto.

En el momento en que comenzó la lectura la sala estaba colmada. En las filas posteriores se acomodaron muchos familiares de desaparecidos que portaban las fotos de las víctimas, así como testigos, muchos de ellos sobrevivientes de cautiverio clandestino.

Esposados, y da uno en fila, fueron entrando los imputados. Quince de ellos ocuparon las sillas dispuestas en el corralito. No hubo silbidos, sólo un silencio indiferente. Las autoridades tuvieron que agregar dos sillas, una de ellas para Miguel Etchecolatz, quien ingresó último, antes de que lo hicieran los que usan sillas de rueda.

Smart se acomodó en su silla de abogado. El único civil del lote estuvo, como durante todo el juicio, alejado del resto de los procesados. El médico Jorge Bergés y fue quien recibió gritos en contra, por ser el último en ingresar.

La lectura. La sentencia se siguió con atención, y sólo fue interrumpida cuando Etchecolatz lanzó su provocación. La sala, colmada en sus dos plantas, aplaudió y gritó con las 16 prisiones perpetuas, y festejó aún más con los inesperados planteos de los jueces respecto a las complicidades de la justicia y la Iglesia, y la denuncia contra el diario La Nación.

Cuando llegó el final todo fue celebración, mientras los represores, otra vez esposados, eran retirados del corralito que habitaron desde el 12 de septiembre de 2011, cuando este megajuicio comenzara. El "a dóne vayan los iremos a buscar", tronó en el recinto, y los gritos se prolongaron hacia la calle, donde se juntaron con los de los militantes que siguieron las alternativas desde la enorme pantalla.


Los 23 condenados

Jaime Smart, prisión perpetua. Su condena era una de las más esperadas por tratarse del primer funcionario civil de la provincia de Buenos Aires sometido a proceso por crímenes de lesa humanidad. Por su rol le correspondía la organización, dirección y régimen policial. Su sentencia puede engrosarse si en un futuro se le suman los homicidios pedido por la abogada Guadalupe Godoy y que el Tribunal aceptó considerar. Es el tercer civil condenado en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso. El precedente se encuentra el 16 de marzo de 2012, cuando la Justicia condenó a los hermanos Emilio Felipe Méndez (15 años de prisión) y a Julio Méndez (11 años de prisión) por el secuestro y homicidio de Carlos Alberto Moreno, quien era el abogado de AOMA y representante de empleados de la Fábrica de cemento Loma Negra en la Ciudad de Olavarría. En ese juicio también fueron condenados tres militares.

Rodolfo Campos, prisión perpetua. Ex Coronel del Ejército, fue el sub Jefe de la Policía Provincia Buenos Aires y segundo de Ramón Camps. Le imputaron 21 homicidios.

Miguel Osvaldo Etchecolatz, prisión perpetua. Subcomisario a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense. Tenía ingerencia en las comisarías y destacamentos, ya que su poder de mando iba más allá de su propia Dirección de investigaciones y decidía sobre el destino de las víctimas. Le imputaron 15 homicidios.

Horacio Luján, prisión perpetua. Era el jefe de la Unidad Regional de La Plata y tenía a cargo a todos los detenidos en las comisarías de la ciudad. Se lo acusó por los desaparecidos y torturados en esas seccionales, y se le imputaron nueve homicidio.

Miguel Kearney, prisión perpetua. Subcomisario de Seguridad en la Brigada de Investigaciones de La Plata y estuvo a cargo del Destacamento de Arana. Se le imputan ocho homicidios.

Bernabé Corrales, prisión perpetua. Segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Tenía alto poder decisorio en los CCD. Hizo un aporte directo e indispensable en el cautiverio y tormentos de las víctimas. Se le imputaron 7 homicidios.

Fernando Svedas, prisión perpetua. Comisario de seguridad y segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Tuvo contacto con detenidos clandestinos “retenidos”, según él denominó al Grupo de los 7. Le imputaron ocho homicidios.

Raúl Machuca, prisión perpetua. Oficial subinspector segundo en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Era integrante de la “patota” para secuestros y torturas. Participó del operativo de secuestro de Daniel Favero y Paula Alvarez. Le imputan 8 homicidios.

Julio César Argüello, prisión perpetua. Cabo y chofer en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Le imputan 22 homicidios, muchos de ellos vinculados con la Noche de los Lápices.

Mario Víctor Sita, prisión perpetua. Sargento primero en la Brigada de Investigaciones de La. Formaba parte de la “patota” que realzaba los operativos. Le imputaron 5 homicidios.

Hugo Alberto Guallama, prisión perpetua. Chofer de Etchecolatz, y señalado como uno de los que pudo haber retirado a Clara Anahí de la casa de calle 30 luego del ataque del 24 de noviembre de 1976. Le imputaron los cuatro homicidios registrados ese día en ese lugar-

Norberto Cozzani, prisión perpetua. Agente y cabo de la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A los 23 años fue mano derecha de Etchecoltaz, de quien era su custodio. Está acusado de participar en todos los centros clandestinos del Circuito Camps y de perseguir y torturar a la familia Graiver, de haber participado en el ataque a la casa de calle 30 Mariani Teruggi. En indagatoria dijo haber visto como picaneaban a Lidia Papaleo. Le imputaron los cuatro homicidios de la casa de la calle 30.

Vicente Patrault, prisión perpetua. Oficial Principal Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tenía acceso a los calabozos y atendía a los detenidos. Le imputan 20 homicidios.

Carlos García, prisión perpetua. Oficial Principal Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y luego Subcomisario y Jefe del Comando radioeléctrico (1978). Revistaba bajo las órdenes del comisario Juan Fiorillo en la Unidad Regional. Se lo indica como uno de los que retiró de la casa de calle 30 a Clara Anahí. Le imputaron cuatro homicidios.

Roberto Grillo, prisión perpetua. Oficial de la Brigada de Investigaciones de La Plata y en Arana. Fue quien dijo que por la quema de cadáveres en Arana se “había vuelto vegetariano”. Le imputaron 9 homicidios.

Domingo Almada, prisión perpetua. Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la comisaría Quinta. Le imputaron 22 homicidios

Eros Amílcal Tarela, 25 años. Oficial Principal de la. Está acusado de ser jefe de una de las “patotas” que actuaron en Puesto Vasco. Era básicamente el torturador. El tribunal pidió que se investigue, como producto de los testimonios surgidos en el debate, si no fue autor de homicidios.

Roberto Cabrera, 18 años. Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado formar parte de la “patota” para realizar secuestros y de tomar las declaraciones durante las torturas en Puesto Vasco.

Jorge Antonio Bergés, 25 años. Médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado de atender los partos en centros clandestinos y de participar de las tortura a detenidos, utilizaba sus conocimientos médicos a la hora de torturar, determinaba si se podía continuar o no para evitar la muerte. Y Tuvo un rol trascendental en la apropiación de niños.

Sergio Verduri, 15 años. Oficial Inspector. Está acusado de tomar las declaraciones después de la tortura en Puesto Vasco.

Daniel Lencinas, 14 años. Oficial Ayudante en la Brigada de Investigaciones de La Plata, cumplió funciones en la Brigada de Investigaciones y Arana. Reconoció que existía un “área restringida” y que se hacían interrogatorios bajo tortura.

Pedro Ferriole, 11 años. Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Se lo acusó por ser co autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 7 hechos, pero ahora se investigará si fue autor de homicidios.

Santiago Antonini, 2 años. Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado del allanamiento y privación ilegal de la libertad de Chicha Mariani en su casa, en la búsqueda de Daniel Mariani.

Por Pablo Spinelli  -  @spinellipa

miércoles, 19 de diciembre de 2012

16 perpetuas y otras, por GENOCIDIO

 Adriana Calvo, Jorge Julio López, compañeros queridos, se ha dictado condenas  perpetuas por GENOCIDIO

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, declaró como "genocidio" los delitos cometidos por los 23 represores que durante la última dictadura cívico militar actuaron en 6 centros clandestinos de detención del denominado Circuito Camps.

Asimismo, determinó los delitos sexuales cometidos como delitos de lesa humanidad.
Ordenó la detención de Alberto Rodríguez Varela (el abogado defensor de Jorge Rafael Videla y ex decano de la Facultad de Derecho de la UNBA) por haber sido visto en los CCD y E del Circuito Camps.
La investigación y citación de Monseñor Gracelli como sus subordinados, por su vinculación a los condenados y estudiar su participación en los hechos.
La investigación del periódico La Nación.... entre otros considerandos...

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos: ¡presentes!
 
 

Leonardo Fossati habla de la sentencia sobre el Circuito Camps

“Será un punto de partida”

El nieto recuperado declaró en el juicio que terminará hoy y que involucra el caso de sus padres y el de él mismo. Pide que la comisaría donde nació se preserve como sitio de memoria: “Que la Justicia se expida va a servir para profundizar las investigaciones.”

 Por Alejandra Dandan

Leonardo Fossati reconstruyó la historia de su nacimiento en el juicio por el Plan Sistemático de robo de bebés y luego en el juicio por el Circuito Camps, que se llevó a cabo en La Plata hasta hoy, el día en el que el Tribunal Oral Federal 1 pronunciará la sentencia. Mientras Leonardo espera, evoca algunas imágenes del juicio, como el momento en el que se sentó a declarar de espaldas a los represores. O, antes, cuando recorrió el interior de la comisaría 5ª, el centro clandestino donde nació y que él no puede entender cómo sigue funcionando como comisaría. De ese lugar describe las formas y mentalmente recorre las celdas en las que estuvieron detenidos-desaparecidos quienes estuvieron secuestrados con sus padres. Cuando habla de ellos, Leonardo les dice “compañeros”: “Me sale naturalmente –cuenta–, porque a medida que fui conociendo a los compañeros de mis viejos se generó eso de estar como en un mismo lugar. Más allá de los tiempos diferentes. O que a uno le tocó vivir el mismo tiempo, pero en diferentes etapas de la vida: a mí me tocaba nacer y a mis viejos morir. Y a muchos compañeros de ellos, lo mismo. Pero yo me siento ‘compañero’ de esta lucha, por eso los nombro así: porque me sale así, desde el más profundo sentimiento”.

–¿Qué significó el juicio?

–Estoy esperando la sentencia desde hace mucho tiempo. Ansioso, nervioso, con muchas ganas, esperando una buena sentencia para que al minuto después sea un alivio. Yo estuve como querellante en Plan Sistemático, pero mi sensación es que este juicio me toca más de cerca porque se está juzgando a los responsables directos del ex centro clandestino donde yo nací y donde estuvieron desaparecidos mis viejos (Beatriz Inés Ortega y Rubén Leonardo Fossati). Obviamente tengo conciencia de la importancia que tienen este tipo de juicios y las condenas, pero dar testimonio adelante de todos los acusados...

–Ellos estaban atrás tuyo.

–Estar cara a cara con ellos es una experiencia que, más allá de que sea muy tensa, muy fuerte, en lo que a mí respecta, es necesaria porque es una especie de reparación. Que se esté haciendo justicia; conocer cada caso; la responsabilidad de cada acusado; los sobrevivientes que pasaron; las querellas y ser parte de una de ellas. La verdad es que es de las pocas cosas que uno cree que puede hacer para sentir algún tipo de reparación, por decirlo de alguna forma. Desde lo personal me toca muy de cerca, ni más ni menos porque el último lugar donde vieron vivos a mis viejos fue en la comisaría quinta. Yo los sigo buscando y junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y las muestras de ADN que dejé sigo manteniendo viva la esperanza de encontrar sus restos. Yo también nací en esa comisaría.

–En tu testimonio hiciste un pedido.

–La desafectación del lugar, porque todavía sigue funcionando como comisaría.

–¿El reclamo provocó algún efecto?

–Hasta el momento no, pero estamos buscando voluntades con la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y de Nación y esperando que en la sentencia de mañana (por hoy) los jueces acompañen el pedido. Hoy gran parte del lugar es una comisaría común, pero específicamente donde estaban los calabozos del centro clandestino, donde estaban nuestros compañeros secuestrados, donde estaban mis viejos, donde nací yo: esos lugares siguen casi iguales porque hace unos diez años hubo un motín donde murieron jóvenes y a partir de entonces hay una cautelar. Esa medida y esa desgracia generó que con el comienzo de los juicios no empiecen a destruir pruebas. Pero no habría justicia si estos lugares siguen funcionando con otros objetivos que no sean el mantener viva la memoria.

–Adriana Calvo, que murió en 2010, fue una de las testigos más importantes en estas causas. En tu testimonio pareció haber al mismo tiempo un homenaje.

–Para mí era una manera de nombrarla en un lugar que es muy importante. Prácticamente todo lo que dije en ese testimonio me lo contó Adriana en primera persona. Más allá de algunas cosas que recabé de otros compañeros de mis viejos, Adriana me transmitió, hasta con amor, cómo fue el día de mi nacimiento, cómo fue el trabajo de parto de mi mamá, cómo fueron los días previos, las horas previas, las poquitas horas que yo estuve con mi mamá. Me transmitió cómo era mi mamá dentro de ese centro clandestino de detención. Las últimas horas de mi mamá las conozco por ella.

–Muchos nietos están contando por primera vez sus historias en un juicio. Vos habías declarado ya en la causa del Plan Sistemático, ¿fue diferente?

–Fue casi simultáneo. Para mí es todo un conjunto, este año es muy especial porque transité de manera simultánea estos dos juicios y son cuestiones que se viven una sola vez. Si yo no hubiese decidido participar, siento que no habría tenido una segunda oportunidad: esto es algo que genera muchas sensaciones encontradas, pero que eran inevitables transitar, por lo menos en mí.

–¿Cuáles son esas sensaciones encontradas?

–Me tocó una historia que quizá no es la más común en las familias de nietos que restituyeron su identidad porque mi familia de crianza no tuvo ningún tipo de responsabilidad con la desaparición de mis viejos, y de hecho desconocían mi origen. En ese sentido, ya había un tema menos, una contradicción menos, a pesar de que en otros lugares sí las he tenido. Yo todavía sigo buscando a esa partera que me entregó, mejor dicho, sé que falleció, pero sigo buscando nexos con la esperanza de que con ese dato podamos encontrar a otros. Hay muchas hipótesis y mucho por hacer todavía. Esa sentencia no marca un fin, sino más bien un punto de partida hacia otras cuestiones. Que la Justicia se expida sobre todas estas verdades va a servir para profundizar la investigación de dónde está, por ejemplo (la nieta) Ana Libertad y dónde están los restos de otras personas. Todavía no hablaron. Esta gente todavía no habló. Por eso creo que una buena sentencia sería un obstáculo más que se supera en este camino, pero no el último.

lunes, 17 de diciembre de 2012

Convocatoria a presenciar la sentencia en el juicio a los genocidas del Circuito Camps

Después de 15 meses, finalmente llegamos a la sentencia. En este juicio no  están todos los represores ni ha sido por todos los compañeros, pero seguiremos luchando hasta que no haya un solo genocida más en la calle ni en su casa.

Digamos presente el día de la sentencia:

* Porque queremos que  los genocidas sean condenados por el delito que cometieron: genocidio.

* Porque estos juicios son del pueblo, que por más de 35 años luchó y lucha contra la impunidad.

*Porque no queremos ni un solo genocida libre.

*Por López, por Adriana Calvo, por nuestros 30000 compañeros detenidos-desaparecidos

Miércoles 19 de diciembre. 18 hs -   En el edificio de la Ex AMIA (4 e/ 51 Y 53)  -  Entrada por calle 51. Presentar el DNI para ingresar.

LOS REPRESORES IMPUTADOS:


Ibérico Manuel Saint Jean  (falleció durante el juicio oral)
Gobernador de facto de la Provincia de Buenos aires.
Co-autor material de privación ilegal de libertad y tormentos en 61 hechos.

Jaime Lamont Smart
Ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Co-autor material de privación ilegal de libertad y tormentos en 61 hechos y homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en un caso.

Alejandro Agustín Arias Duval (falleció durante el juicio oral)
Coronel del Ejército argentino.

Miguel Osvaldo Etchecolatz
Subcomisario a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la de la Policía de la Prov. de Bs. As.
Autor mediato de privación ilegal de libertad y tormentos en 137 hechos.
Autor mediato de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en 15 casos.
Autor mediato de sustracción, retención y ocultamiento de cuatro menores de diez años.
Autor mediato de desaparición forzada de  dos menores de 18 años.

Horacio Elizardo Lujan
Jefe de la Unidad Regional de La Plata.
Autor mediato de privación ilegal de libertad y tormentos en 25 hechos.
Co- autor de homicidio agravado por alevosía en 9 casos.

Rubén Oscar Paez (falleció durante el juicio oral)
Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de privación ilegal de libertad y tormentos en 106 hechos.

Pedro Antonio Ferriole
Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de privación ilegal de libertad y tormentos en 7 hechos.

Santiago Antonini
Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Rodolfo Aníbal Campos
Oficial Policía Provincia Buenos Aires.
Autor mediato de Privación ilegal de Libertad y tormentos en 74 hechos y homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en 21 casos.

Eros Amílcar Tarela
Oficial Principal de la Policía de la Policía de la Prov. de Bs. As.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad en 7 hechos.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 35 hechos.

Hugo Alberto Guallama
Chofer del Director de Investigaciones de la Policía de la Prov. de Buenos Aires.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad en 2 hechos.
Co-autor de homicidio agravado por alevosía en 4 casos.
Co-autor de desaparición forzada de  una menor de 18 años.

Carlos García
Oficial Principal Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Autor material de Privación ilegal de libertad y Tormentos en 14 hechos.
Co-autor por dominio funcional del hecho de homicidio en 6 casos.
Co-autor  de desaparición forzada de  una menor de 18 años.

Domingo Almeida
Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Co-autor de privación ilegal de libertad y tormentos en 106 hechos.
Co- autor de homicidio agravado por alevosía en 22 casos.
Co-autor de sustracción, retención y ocultamiento de 3 menores de 10 años.
Co-autor  de desaparición forzada de  una menor de 18 años.

Luis Vicente Patrault
Oficial Principal Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Co-autor de Privación ilegal de libertad y Tormentos en 106 hechos.
Co- autor de homicidio agravado por alevosía en 20 casos.
Co-autor de sustracción, retención y ocultamiento de 3 menores de 10 años.
Co-autor  de desaparición forzada de  una menor de 18 años.

Bernabé Jesús Corrales
Segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 15 hechos.
Co- autor de homicidio agravado por alevosía en 7 casos.

Fernando Svedas
Comisario de seguridad y segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 54 hechos.
Co-autor de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento en 8 casos.
Co-autor de la sustracción y retención de una menor de 10 años.

Miguel Kearney
Subcomisario de Seguridad en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 65 hechos.
Co-autor de homicidio agravado por alevosía en 8 casos.

Raúl Orlando Machuca
Oficial subinspector segundo en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 59 hechos.
Co-autor de homicidio agravado por alevosía en 8 casos.
Co-autor de la sustracción y retención de una menor de 10 años.

Julio César Arguello
Cabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 119 hechos.
Co-autor de homicidio agravado por alevosía en 22 casos.
Co-autor de la sustracción y retención de una menor de 10 años.

Mario Víctor Sita
Sargento primero en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 57 hechos.
Co-autor de homicidio agravado por alevosía en 5 casos.
Co-autor de la sustracción y retención de una menor de 10 años.


Daniel Jorge Lencinas
Oficial Ayudante en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 24 hechos.


Roberto Omar Grillo
Oficial de la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 77 hechos.
Co-autor  de homicidio agravado por alevosía en 9 casos.


Norberto Cozzani
Agente y cabo de la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 18 hechos.
Co-autor  de homicidio agravado por alevosía en 4 casos.
Co-autor de desaparición forzada de  una menor de 18 años.


Roberto Antonio Cabrera
Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Co autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 30 hechos.
Autor material de Privación ilegal de libertad en 1 hecho.

Sergio Arturo Verduri
Oficial Inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 30 hechos.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad en 1 hecho.

Jorge Antonio Bergés
Médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Co-autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 23 casos.

Estaban imputados pero fallecieron durante la instrucción: Reynaldo Tabernero, Rodolfo González Conti,  Osvaldo Sertorio, Carlos Vercellone, Mario Oscar Tocho, Mario Alberto Jaime, Yolanda De Francesco.

                                           
 ¡CARCEL A LOS GENOCIDAS DEL CIRCUITO CAMPS!
 POR LOS COMPAÑEROS ASESINADOS Y DESAPARECIDOS
 POR LOS FAMILIARES DESAPARECIDOS
 ¡POR JUSTICIA!
 EXIGIMOS CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA

 JUSTICIA YA! LA PLATA
 
 Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata

jueves, 13 de diciembre de 2012

Circuito Camps = Más justicia a cuentagotas

CONVOCAMOS A TODOS A LA SENTENCIA EN EL JUICIO CIRCUITO CAMPS. MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

19/12 Sentencia 
CONVOCATORIA DE LA MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA.
 
Circuito Camps =  Más justicia a cuentagotas


La acumulación de causas que se está juzgando en La Plata es denominada como “Circuito Camps” porque, si bien en el ’86 hubo una primera causa “Camps” o “Causa 44”, que juzgó sólo a 7 represores (Camps, Ricchieri, Etchecolatz, Bergés y Cozzani – Tarella y Pretti prófugos) que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad, y si bien nunca se juzgó los 29 CCD del Circuito Camps en su totalidad, esta es la denominación que más se acerca a un grupo de causas de esta característica.

Hechas esas salvedades, la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en la ciudad, e investiga 280 casos de secuestros, torturas, homicidios y apropiaciones de niños cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 Nº 530, entre 13 y 14), el Destacamento de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), el Puesto Vasco (subcomisaría de Don Bosco, Quilmes), el COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro), en la masacre de la casa Mariani-Teruggi (Calle 30 Nº 1134 55 y 56) y en la Brigada de San Justo.
A 9 años y 3 meses de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 79 juicios orales con sentencia en todo el país. Allí fueron procesados 401 imputados, donde hubo 294 condenados (algunos represores en varias causas), 41 absoluciones y 4 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 1764 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 20 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con sentencias menores al máximo de la pena. Ese 20 % de condenados es una farsa de justicia que relativiza la pretendida sanción reparadora de los crímenes que el mismo Estado cometió hace 36 años.
De los 79 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.
En lo que va de 2012 hubo en todo el país16 juicios concluidos, con sólo 83 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 19 absoluciones, por un total de 427 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Si bien el año no concluyó, hay en curso un grave el retroceso de la tendencia de juzgamiento, si se tiene en cuenta  que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde 1 juicio en 2004, los 2 juicios en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008, 13 en 2009, 19 en 2010 y  21 en 2011.

En La Plata, hasta los alegatos del juicio “Circuito Camps”, son sólo 20 los represores condenados desde la reapertura de las causas: Bergés, Etchecolatz, Von Wernich, Alonso, Herzberg, Guerrero y otros 14 genocidas que actuaron en la Unidad 9.  La cifra es poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU.

Impunidad Biológica
294 condenados vs 314 muertos impunes


El Juicio Circuito Camps posicionó a la jurisdicción Federal de La Plata a la vanguardia en la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura: 3 muertos impunes mientras duraba el juicio.
Tras los fallecimientos en total impunidad de los represores Rubén Paéz en febrero y de Alejandro Arias Duval en mayo de este año, la muerte de Ibérico Saint Jean en octubre pasado confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias, lo que como mínimo debería llamar la atención sobre la falta de celeridad general del proceso.
En las dos posibilidades de declarar que tuvieron en el juicio los hoy decesos se llamaron a silencio.
Pero además, el general Saint Jean, gobernador de facto en la dictadura entre abril del ’76 y marzo del ’81, y Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 que el Ejército tenía en 55 7 y 8, se sustrajeron al lento brazo de la Justicia en las dos causas elevadas en La Plata, “La Cacha” (Saint Jean y Arias Duval) y “Pozo de Banfield” (Saint Jean), que serán los próximos juicios a realizarse en nuestra ciudad, y que los tendrán ausentes.
La justicia a cuentagotas sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 314 los genocidas procesados muertos impunes contra 294 condenados.
Algunos de los últimos genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. O como el mismísimo Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército, condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009 y con varios procesos pendientes.
Y hasta Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, murió recientemente procesado en varias causas con domiciliaria.
Las muertes impunes de Paez, Arias Duval y Saint Jean, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti, Osvaldo Sertorio y tantos otros en las causas de La Plata, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.

Domiciliarias, excarcelaciones y otras:
Con genocidas en sus casas no hay Justicia

Un informe de 2011 de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas (dependiente del MPF) confirma que cuatro de cada diez represores procesados están excarcelados, es decir el 42 % de los 1800 encausados, cerca de 800 genocidas están procesados pero sin prisión preventiva.
Y agrega que el 40 % de los represores detenidos en estas causas tienen prisión domiciliaria. Esto es cerca de 400 genocidas.
Este problema se traslada incluso a los condenados (caso Montes en ESMA, o caso Escuelita II Neuquén), ya que los jueces optan por el criterio de sancionar, pero manteniendo las domiciliarias hasta que Casación confirme la sentencia.
A partir de la ley 24.660, votada en el ’96, el Código Penal contempla el beneficio para condenados mayores de 70 años o enfermos terminales, pero sin distinguir entre delitos comunes y de lesa humanidad. La norma estipula que cuando la persona quebrante la domiciliaria el juez  se la debe revocar. Pero, salvo aviso de los organismos de DD.HH., no se controla.
Hay varios proyectos en el Congreso para excluir a los procesados en causas de lesa humanidad de este beneficio. Uno es de marzo de 2008 y lo presentó el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (FPV), hijo del senador desaparecido en Tucumán en el ‘76. Aunque salida del seno del kirchnerismo, esa iniciativa duerme el sueño de los justos en la comisión de Legislación Penal. Una gran oportunidad se perdió en 2009, cuando la ley 26.472 (modificatoria de la 24.660) amplió los supuestos en los cuales procedía conceder el beneficio, pero nuevamente sin excluir lesa humanidad.
Y recordemos que el 70 % de los internos del SPB y SPF (pobres, en su mayoría presos por delitos contra la propiedad) pasan más de 2 años presos  en cárcel común sin acusación ni condena firme. Eso es una justicia de clase. Para los pobres palos, para los ricos beneficios. Para los que sirven para hacer política de seguridad cárcel, para los peores genocidas de la historia del país domiciliaria.
En la instrucción de las causas de este juicio se denunció la portación de armas (violatoria de las condiciones de la domiciliaria) por 3 genocidas imputados por Comisaría 5ta, donde 9 gozaban de domiciliaria. Y Casación concedió la excarcelación a 12 represores en la causa Arana-Brigada -Puesto Vasco-Cot1 Martínez. La mayoría de los 26 procesados en este juicio estuvieron en sus casas la mayor parte del juicio, hasta que se los acusó por homicidio y se les revocó el beneficio.
Y mientras se iba venciendo el plazo de la Preventiva, o cuando dictaban nuevos procesamientos, los jueces Corazza, Blanco, Rozansky, Portela y Falcone continuaron otorgando el beneficio automáticamente a la mayoría de los imputados en causas pendientes en La Plata.
Para empezar a modificar el criterio hubo que pagar un precio: la fuga en mayo pasado del ex jefe del Pozo de Banfield, Miguel Wolk, beneficiado por Corazza para  planear la huida de su cueva de Mar Del Plata con la complicidad de su hija, también policía.
Ante esta situación de impunidad seguimos defendiendo la herramienta del escrache como acción de denuncia de que no alcanza con la pretensión de juzgar a los genocidas si no hay condiciones serias para hacerlo.

Con  torturas, desapariciones, muertes, aprietes y revictimización, hoy el Estado es Terrorista

Los casos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado amedrentados o directamente secuestrados para detener en el avance de las causas contra los genocidas, conforman una seguidilla que nunca ha cesado. Demás está aclarar que ninguno de esos hechos ha sido investigado debidamente y todos continúan impunes.
 No es sólo el caso de Jorge Julio López, quién inauguró 30 años después de iniciada la última dictadura la categoría de ex detenido-aparecido-desaparecido.
En diciembre de 2006 se dio el caso de Luis Geréz, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, secuestrado durante 2 días en Escobar y aparecido en Garín con signos de tortura. En mayo de 2008 fue secuestrado  Juan Puthod, ex detenido en varios CCD en dictadura y militante de la Casa de la Memoria de Zárate, reaparecido 30 horas después sin intervención policial.
La causa por el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas contra los genocidas en Santa Fe, naufraga en la intencionada hipótesis policial del homicidio en ocasión de robo, mientras se oculta que gracias a su testimonio se logró condenar a seis represores en la provincia 3 meses antes del hecho. Y el secuestro y encierro por 2 días de Víctor Martínez, testigo presencial en julio de 1977 del asesinato (en un fingido accidente en la ruta) del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, llevó esta modalidad a las calles del centro porteño en abril de 2011.
Este año hubo una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió en la resolución N°20/2011 sobre testigos víctimas “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. Como consecuencia, la promocionada Acordada N°1 de 2012, habilitó medidas tan elementales como la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos. En realidad estos conceptos sólo sugieren a los Tribunales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad.

Pero quien piense que la modalidad represiva del secuestro y desaparición como amedrentamiento terminó con la dictadura del ’76, o se reduce a los declarantes de las investigaciones reabiertas en esos casos, se equivoca. Alfonso Severo, testigo en el juicio por Mariano Ferreyra, fue secuestrado en octubre pasado. Su aporte a la investigación del caso es la denuncia del sitio, el manejo y la modalidad con que la patota de Pedraza guardaba y utilizaba armas. Pero no fue el primer testigo amedrentado en la causa de Mariano. El lunes una semana antes, José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, denunció haber sufrido amenazas en Florencio Varela un día antes de declarar como testigo, ya que estuvo presente en la movilización de Barracas en el momento del ataque de la patota y es uno de los pocos testigos presenciales que vio que la patota tenía un arma larga. Ese dato sirvió para determinar que el día que mataron a Mariano hubo más armas que las que contempla el juicio.
Además, no podemos dejar de mencionar que durante los 9 años y medio de gobierno Kirchnerista, fueron secuestradas y desaparecidas por el aparato represivo del Estado, al menos 67 personas, entre los que se encuentran Mario Golemba (Misiones-2008), Luciano Arruga (La Matanza-2009), Daniel Solano (Choele Choel-2011) y Facundo Rivera (Córdoba-2012).
Porque estamos convencidos de que es imposible que el Estado proteja a los testigos si es socio de los criminales investigados, porque sabemos que la única protección posible es que los represores, torturadores, asesinos, cómplices y mafiosos de ayer y de hoy estén en la cárcel.
Porque 300 genocidas condenados en 9 años de juicios no es justicia, porque 3.700 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, porque 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, y porque 196 desaparecidos por razones políticas y sociales no es democracia.

“Faltan  400 jóvenes apropiados, Falta Justicia”

El recorrido de la política de Juicio y Castigo y Restitución en estos años nos presenta un camino sinuoso y paradójico.
Desde caídas las leyes de impunidad solo se han efectuado diez juicios por apropiación en todo el país. De ellos dos se realizaron en La Plata, de los cuales el vergonzoso resultado fue haberles otorgado a los genocidas responsables de las apropiaciones de Natalia Suarez Nelson Corvalán y de Carmen Gallo Sanz, solo diez años de prisión a Alonso y Herzberg en el primer caso, y la misma pena a Etchecolatz y Bergés en el segundo.
Actualmente se encuentra iniciado en nuestra ciudad, el juicio por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, restituido en febrero de 2006. En el caso la justicia nuevamente llega tarde, porque el juicio será únicamente contra la apropiadora de Sebastián, Silvia Beatriz Molina, y la médica que falsificó la partida de nacimiento, ya que el apropiador  Ángel Capitolino falleció, y el genocida miembro del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, Ricardo Von Kyaw, acusado de ser el entregador del joven en la apropiación, está prófugo.
Durante el desarrollo del juicio “Circuito Camps” se expuso sobre las apropiaciones de Leonardo Fosatti Ortega, Felipe y María Eugenia Gatica Caracoche, José Abdala Falabella, Pedro Nadal García quienes recuperaron su identidad, pero además sobre las niñas Ana Libertad hija de Elena de la Cuadra y Héctor Baratti, Clara Anahí, hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani, y sobre la hija de Silvia Isabella Valenzi.

Lo grave de esta situación es que hoy se lleva adelante el juicio por el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los padres de estas tres niñas, dos de las cuales nacieron en cautiverio, pero ellas continúan impunemente desaparecidas y apropiadas sin conocer su verdadera identidad.
Y si bien hubo entre 2004 y 2012 sólo 28 genocidas condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli, Antonio Plaza, Victorio Bonamín y Raúl Trotz y tantos otros que llenaban de información a los represores sobre los familiares que buscaban a sus hijas y a sus nietos.
Y continúa irresuelta la responsabilidad de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños. Porque está claro que la apropiación de niños no sólo se puede investigar por denuncias de particulares, sino también examinando las huellas de ese delito en los registros de las Secretarías de niñez, Registros civiles, hospitales, clínicas y cementerios.

Por otro lado, estamos ante el paradójico hecho de la construcción de nuevas víctimas  de graves violaciones a los derechos humanos, ya que cuando el análisis genético arroja un resultado negativo previsible, debido a que las muestras obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos es de solo 200 patrones familiares, la mayoría de los jueces terminan archivando el caso y no continúan con la búsqueda de la identidad.
Hay tareas de política de Estado en este tema que continúan pendientes, como la falta de un cruce informativo y la inexplicable existencia en dos bancos distintos y sin cruzarse, de la información se los restos de desaparecidos identificados y de familiares por un lado (en un banco mucho más numeroso que el BNDG), y por el otro, de la información genética que reconstruye a cada madre y/o padre desaparecido que han sido informados.
Porque a esta altura no es un impedimento técnico la implementación de un sistema informático especializado en crímenes de lesa humanidad, que vincule entre sí los hechos, las pruebas, los imputados, los procesados, las víctimas identificadas y no identificadas.
Porque si a 36 años del golpe genocida el Estado Argentino, gracias a la inclaudicable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, solo ha podido restituirles la identidad a 107 jóvenes apropiados, cuántos años harán falta para encontrar a los 400 jóvenes que aún se encuentran secuestrados y con su identidad robada.

 
HIJOS LA PLATA
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata

miércoles, 12 de diciembre de 2012

HAY QUE IR A LOS JUICIOS CONTRA LOS GENOCIDAS !!!!

Justicia Ya La Plata

Ayer más de 100 personas fueron a acopañar el alegato del imputado Jaime Lamont Smart, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos AIres durante la dictadura e integrante del "Camarón" que en el inicio de los años 70 envió a la cárcel a cientos de presos políticos. Hoy es el primer funcionario civil de la dictadura en juicio oral y en cárcel común.

Entraron al grito de "carcel para los terroristas" y se negaron a pararse cuando entraron los jueces del Tribunal. Había funcionarios de gobierno de la dictadura y jueces que Smart nombró en esa época.

Fue algo inédito en los juicios que se desarrollan en La Plata, donde solamente una vez -en el juicio a Von Wernich- Cecilia Pando ingresó a una audiencia, y terminó expulsada un rato después.
Hubo una rápida respuesta de todos los compañeros que en poco tiempo llenaron la sala de audiencias, dejando en claro que en La Plata la lucha por el juicio y castigo a los genocidas es una bandera permanente del campo popular.