viernes, 30 de noviembre de 2012

Piden perpetua para acusados por ataque a la casa de calle 30

Lo hizo la querella que representa a Chicha Mariani en el juicio por los crímenes cometidos en el Circuito Camps. El alegato incluyó un pedido para que se profundice la investigación sobre el destino de Clara Anahí.

La querella representada por la Asociación Clara Anahí continuó este martes con los alegatos en el marco del juicio que se lleva adelante a 26 represores acusados de haber actuado en denominado Circuito Camps, y reclamó penas de prisión perpetua para los involucrados en el ataque a la casa de calle 30, donde murieron cinco militantes y fue secuestrada la nieta de Chicha Mariani, quien estuvo presente en la sala.

Entre los acusados a los que alcanza el pedido realizado por la abogada Verónica Bogliano se encuentran el ex comisario Miguel Etchecolatz, mano derecha del jefe de la policía Ramón Camps;
su ladero Norberto Cozzani; su ex chofer Hugo Guallama y el ex policía señalado como quien sacó a la beba de la casa, Carlos “El Oso” García.

Chicha llegó y se retiró en medio de aplausos de la sala donde funciona el Tribunal en lo Criminal Oral Federal Nº 1 (TOCF 1). Siempre acompañada de su compañera de ruta Elsa Pavón, una Abuela que tuvo la dicha de recuperar a su nieta Paula.

La exposición de Bogliano tuvo momentos emotivos, que incluyeron un fuerte pedido para que se siga investigando en torno al destino de la niña secuestrada y supuestamente entregada en adopción clandestina; y un raconto de la lucha que Chicha y Licha de la Cuadra encarnaron hace 35 años, cuando la Asociación Madres de Plaza de Mayo comenzaba a tomar forma.

El relato de Bogliano hizo referencia al violento ataque a la casa de calle 30 entre 55 y 56, sobre el cual había declarado la propia Chicha, ocurrido el 24 de noviembre de 1976. En aquel episodio, que comenzó alrededor de las 11 de la mañana de ese día, se produjo un ataque de fuerzas conjuntas que duró más de cinco horas, y en el que fue asesinada su nuera Diana Teruggi –mamá de Clara Anahí-, y sus compañeros de militancia Juan Carlos Peiris, Daniel Mendiburu Eliçabe, Roberto Porfirio y Alberto Oscar Bossio.

En esa casa funcionaba una imprenta en la que se imprimía la revista Evita Montonera, con la que el mes anterior habían denunciado la existencia de campos de concentración en la Esma y otros sitios y de los vuelos de la muerte.

A metros de Bogliano, en la primera fila del corralito en la que están los imputados (en la audiencia de este martes menos que lo habitual), Etchecolatz siguió atentamente el alegato, y sonrió abiertamente, como para que su actitud sea notada, cada vez que la abogada hacía referencia a Clara Anahí. Ese gesto, aludía, indudablemente, a su versión, expuesta en una carta a la propia Chicha Mariani, en la que insiste en que la niña murió en el ataque.

Papel Prensa. Verónica Bogliano alegó también como abogada de la querella de la familia Tímerman, por los tormentos que sufrió el director del diario La Opinión, Jacobo Tímerman cuando estuvo detenido-desaparecido en Puesto Vasco (Quilmes) y el COT I (Martínez), dos de los centros clandestinos del Circuito Camp. En este caso, el pedido de condenas fue de 25 años para los acusados.

Según el planteo, ese secuestro habría estado vinculado con la apropiación de la empresa Papel Prensa, y la persecución a la que fue sometida la familia Graiver. Entre los acusados más vinculados con esta causa aparecen el ex gobernador bonaerense durante la dictadura, Ibérico Saint Jean (muerto durante el juicio), y su ministro de gobierno, el abogado Jaime Smart.

La sub-empresa. Más tarde, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, elegó uno de sus abogados querellantes, Inti Pérez Aznar, quien dejó sentado que la provincia de Buenos Aires, dentro de la empresa criminal que fue el Estado argentino, “fue una sub-empresa que tuvo una planificación específica a cargo de quienes usurparon el poder y desplegó todo el aparato criminal terrorista en la policía de la provincia”.

En un tramo, para sostener el argumento, mostró documentación con directivas que el entonces gobernador de facto, Saint Jean, bajó a los intendentes para eliminar (dar de baja en caso de que fueran funcionario) a cualquier ciudadano que expresara ideas “de izquierda” o ajenas a la doctrina cristiana que sostenía el gobierno.

“Es fuerte que se utilice la policía de Buenos aires que debe proteger la vida de las personas para exterminar a un grupo de gente que pensaba un país diferente pero hay que poner las cosas en su lugar y hablar de los civiles como los que estaban en los ministerios y en el gobierno”, indicó Pérez Aznar a Radio Provincia antes de alegar.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Abuelas pidió perpetua para 13 acusados

En su alegato, además pidió penas de entre 21 y 25 años de cárcel para otros tres de los imputados. Un nieto recuperado pide convertir dos comisarías en centro de memoria. 
 
El nieto recuperado Leonardo Fossati escucha al abogado de Abuelas Emanuel Lovelli

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que se condene a catorce imputados a prisión perpetua y a otros tres a penas de entre 21 y 25 años por los homicidios de mujeres embarazadas, por secuestros y torturas, y por la retención, ocultamiento, alteración de estado civil de cinco bebés y la desaparición forzada de otras dos bebas que aún permanecen apropiadas, crímenes que “concursan idealmente con el delito de genocidio”, explicaron durante su alegato en el juicio por el denominado Circtuito Camps que se realiza en La Plata. Y al finalizar pidieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 un acto de reparación: que se le permita hablar al nieto recuperado Leonardo Fossati, quien desde el estrado pidió a los jueces que insten al poder Ejecutivo Provincial para que desafecte los ex centros clandestinos comisaría Quinta, donde él nació, y destacamento de Arana, para convertirlos en “sitios de memoria que defiendan la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
“Señores jueces, les quiero pedir encarecidamente por estos ex centros clandestinos de detención que fueron Comisaría Quinta y el Destacamento de Arana. Les solicito que insten al Poder Ejecutivo que desafecte los mismos, teniendo en cuenta todos los hechos que allí sucedieron”, dijo el nieto recuperado por Abuelas en 2005, cuando los abogados de Abuelas concluyeron su alegato.

El joven, que nació en la mesa de la cocina de la comisaría y cuyos padres siguen desaparecidos reclamó que “a pesar de la sentencia que se avecina, estos lugares no pueden quedar en el olvido, no pueden allí funcionar otras cosas que no sean sitios de memoria que defiendan la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Antes del pedido los abogados Emanuel Lovelli y Colleen Torre habían analizado su caso, las apropiaciones de José Sabino Abdala, María Eugenia Gatica Caracoche y Pedro Nadal García, todos nietos recuperados; la retención en cautiverio de la niña María Mercedes Molina Galarza, luego entregada a sus abuelos; la desaparición forzada agravada de las bebés Ana Libertad Baratti de la Cuadra y Clara Anahí Mariani, ambas aún apropiadas, y los casos de diez mujeres secuestradas embarazadas y desaparecidas en los centros clandestinos del Circuito Camps.

“No podemos pedir más que las máximas penas dispuestas por el código civil”, explicó Lovelli. Luego solicitaron que se condene a prisión perpetua al ex comisario mayor de la Policía Bonaernse Miguel Osvaldo Etchecolatz, y a los ex policías Hugo Guallama, Carlos “Oso” García, Domingo Almeyda, Vicente Patrault, Fernando Svedas, Rolando Machuca, Julio César Argüello, Vicente Sita, Elizardo Luján, Jesús Bernabé Corrales, Roberto Omar Grillo, Miguel Kearney y el ex subjefe de la Bonaerense, coronel Rodolfo Aníbal Campos.

A los imputados Ferriole y Lencinas pidieron que se los condene a 25 años de prisión por una multitud de secuestros, y al ex médico policial Jorge Bergés, acusado de ser autor de la apropiación de Pedro Nadal García, quien recuperó su identidad en 2000, pidieron que lo condenen a 21 años de cárcel y que se le suspenda el beneficio de la prisión domiciliaria del que goza.
Por Pablo Roesler

martes, 20 de noviembre de 2012

Jaime Smart, funcionario civil que puede ser condenado por delitos de lesa humanidad

El ex ministro de Gobierno de facto bonaerense Jaime Lamont Smart podría ser el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención del Circuito Camps.
 
Así lo pidió hoy el fiscal Hernán Schapiro, al detallar los delitos que se le imputan a Jaime Lamont Smart, quien fue ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean.

Smart es el único funcionario civil imputado en el juicio que se sigue a los represores que actuaron en los 6 centros clandestinos de detención que integraron el denominado Circuito Camps.
El ex ministro de facto, que ejerce su propia defensa, al declarar en el juicio aseguró que "la Policía bonaerense no dependía" de él y que "las Fuerzas Armadas tenían a su cargo la lucha contra la subversión”.

Afirmó que tenía un “conocimiento genérico” de lo que sucedía y que supo que las fuerzas armadas “combatían la represión y la destruyeron”.
Para el fiscal Schapiro, Smart integraba la máxima jerarquía de gobierno “en los años de mayor virulencia en la lucha contra la subversión”.
Aludió el fiscal a una entrevista que Smart brindó al diario La Nación, el 12 de septiembre de 1976, donde se refería al equipamiento dado a la policía provincial para la lucha contra la subversión.

En la nota, el ex ministro de gobierno detallaba que “en los últimos 8 meses” su gobierno había invertido ”más de 1.500 millones de pesos" para equipar a la fuerza y se había incrementado el personal policial en 30 mil hombres ya que el objetivo era “volcar recursos a la lucha contra la subversión”.

“Tuvo un rol importante“, destacó Schapiro, “en el sistema de represión implantado” y remarcó que “los centros clandestinos de detención (del Circuito Camps) funcionaban en comisarías a su cargo”.
Para el fiscal, Smart “fue el sostén de la Policía a través del mantenimiento del personal y de la estructura edilicia” donde se mantenía secuestradas y se torturaba a personas.
Schapiro le imputó el homicido calificado en concurso con dos o más personas en perjuicio de Jorge Rubinstein; y la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por el uso de violencia o amenazas de 41 personas que estuvieron detenidas en Puesto Vasco; y otras 14 privaciones que duraron más de un mes.
ambién se le imputaron más de 50 casos de tormentos calificados como delitos de lesa humanidad o crímenes de genocidio.

Circuito Camps: la fiscalía pidió perpetua para 15 imputados

Entre quienes recibieron pedidos de máxima pena se encuentra el ex ministro Smart y Etchecolatz, mano derecha de Camps. Solicitaron entre 2 y 25 años de cárcel para otros ocho imputados.

Los fiscales federales pidieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata que se condene a quince imputados a penas de prisión perpetua y a otros ocho a penas de entre 2 y 25 años de prisión por los homicidios, secuestros y apropiaciones de bebés cometidos en el marco del denominado Circuito Camps, todos hechos que calificaron como “delitos de gentes, en particular como delitos de lesa humanidad o crímenes de genocidio”. Las solicitudes fueron realizadas al culminar los alegatos de la fiscalía y entre quienes recibieron los pedidos máximos de pena se encuentran el ex ministro de Gobierno de la Provincia durante la dictadura cívico militar, el civil Jaime Smart, quien está acusado por el asesinato durante la tortura de Jorge Rubinstein, socio de David Graiver; y Miguel Etchecolatz, mano derecha del ex jefe de la bonaerense Ramón Camps.

El alegato de los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández se extendió durante tres audiencias consecutivas solicitaron a los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela que se condene a la pena de prisión perpetua a Smart, Etchecolatz, el subjefe de la policía Bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos; al ex jefe de la Unidad Regional de La Plata, Elizardo Luján; al ex subcomisario Miguel Kearney; y a los policías Vicente Patrault, Fernando Svedas, Rolando Machuca, Julio César Argüello, Vicente Mario Sita, Hugo Alberto Guallama, Norberto Cozzani, Jesús Bernabé Corrales, Carlos “Oso” García y Roberto Omar Grillo.

Además, pidieron penas de 25 años de prisión para los ex policías Amilcar Tarella y Roberto Cabrera y para el ex médico policial Jorge Antonio Bergés, de 20 años para el ex bonaerense Daniel Jorge Lencinas y Sergio Verduri, de 19 años para Antonio Ferriole y de 10 para Domingo Almeida. Para el policía imputado Santiago Antonini, acusado de privar de su libertad a la abuela María Isabel Chorobik de Mariani durante un allanamiento ilegal en su casa tras el asesinato de su nuera y la sustracción de su nieta Clara Anahí Mariani solicitaron una condena de 2 años y medio.
Por Pablo Roesler

jueves, 15 de noviembre de 2012

Circuito Camps: alegato sobre robo de menores

El Ministerio Público completó la calificación de los hechos. El martes pedirá las penas para los 23 imputados.

El juicio por el Cirucito Camps entra en su etapa decisiva
Por Pablo Roesler
Corresponsal de Tiempo Argentino

Con la descripción del robo de seis bebés durante la dictadura, su desaparición forzada junto con otra beba nacida en cautiverio y el asesinato de cinco personas durante el ataque a la casa de la calle 30 donde funcionaba una imprenta de la organización política Montoneros, la fiscalía federal completó la calificación de los hechos en su alegato en el juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos del Circuito Camps. La de ayer fue la tercera audiencia consecutiva que los fiscales federales utilizaron para alegar y se espera que culminen el martes próximo con los pedidos de pena para los 23 represores imputados.

"La separación de un niño de su familia constituye un menoscabo a su libertad", citó el fiscal Hernán Schapiro la Convención sobre los Derechos del Niño, durante el alegato que realizó junto al otro representante del ministerio público, Gerardo Fernández, en el juicio que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata realiza por los crímenes cometidos contra 280 víctimas.

Para circunscribir las apropiaciones, los fiscales se refirieron a la sentencia del 17 de septiembre pasado en la causa por el plan sistemático de robo de bebés, y calificaron como "una práctica generalizada y sistemática" a las apropiaciones de Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani, Leonardo Fossatti, María Eugenia Gatica Caracoche, José Sabino Abdala y Pedro Nadal. Explicaron que esos hechos se inscriben en la figura de desaparición forzada de personas, por la continuidad que ese el delito tiene hasta la restitución de la verdadera identidad. También incluyeron en esa calificación a María Mercedes Molina, una joven que la desaparecida Liliana Galarza tuvo mientras se encontraba en cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de La Plata y que fue devuelta a su familia poco antes que la mujer fuera asesinada.
De todos los casos ventilados en el debate, y que los fiscales detallaron ayer en su alegato, sólo Ana Libertad Baratti De la Cuadra y Clara Anahí Mariani permanecen apropiadas. De Ana Libertad se supo en el juicio que la joven nació en el centro clandestino comisaría 5ª de La Plata el 17 de julio de 1977, mientras su madre, Helena de La Cuadra, y su papá, Carlos Baratti, estaban detenidos allí. Clara Anahí, la nieta que Chicha Mariani –una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo– todavía busca, fue robada luego que fuerzas conjuntas atacaran el 24 de noviembre de 1976 la casa de calle 30, entre 55 y 56, donde vivía con sus padres Diana Teruggi y Daniel Mariani. La bebé fue apropiada como botín luego de un feroz tiroteo y bombardeo a la vivienda en la que funcionaba una imprenta con que Montoneros imprimía su publicación Evita Montonera. La mamá de la beba fue asesinada en el operativo junto a otros cuatro militantes. Su padre fue asesinado un año más tarde en otro operativo.

Los fiscales continuaron con la parte dogmática de su alegato y circunscribieron los hechos en el ámbito del derecho internacional, que aseguraron, se ajusta a la calificación de genocidio y crímenes de lesa humanidad. "Vamos a proponerle al tribunal una acusación alternativa. La conducta de los acusados alcanza al delito de genocidio o en su caso de lesa humanidad", explicó Schapiro. El funcionario detalló que esa figura se corresponde con el marco que la dictadura configuró para perpetrar el terror, y explicaron que las acciones delictivas apuntaron "a la destrucción total o parcial de un grupo nacional", tal como prevé la Convención para la erradicación del genocidio, que en este caso fue construido como un grupo político designado por los perpetradores como "subversivos". «

martes, 13 de noviembre de 2012

Continuó el alegato de la Fiscalía

Detallaron delitos de lesa humanidad cometidos.

Tormentos con picanas, torturas a embarazadas que deben parir maniatadas, "submarinos seco" y golpes con cachiporras fueron algunos de los horrores sufridos por más de 200 personas secuestradas y detenidas en algunos de los centros clandestinos de detención del Circuito Camps durante la última dictaduras militar.

Así lo relató la fiscalía durante su alegato en el juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata sigue a 23 represores de la última dictadura, entre ellos Miguel Etchecolatz, el médico policial Jorge Bergés y el civil, ex ministro de Gobierno de facto, Jaime Smart.

La fiscalía, que comenzó a alegar el martes pasado, continuó hoy con un breve detalle de las víctimas que estuvieron detenidas y secuestradas en los centros clandestinos que integran el Circuito Camps.

Entre las historias oídas estuvieron la del cautiverio de Jorge Julio López, el albañil desaparecido en septiembre de 2006, cuando se aprestaba a asistir al alegato del juicio a Miguel Etchecolatz, donde el represor fue condenado a reclusión perpetua.

"Juan Carlos Arrázola, torturado ferozmente en la comisaría 5ta de La plata, atado con alambre y tirado como un matambre contra la puerta. Permanece desaparecido", leyó el fiscal Hernán Shapiro, entre otros casos.

Más adelante, "Adriana Calvo, embarazada de 6 meses, torturada con picana; Cristina Gil, vendada, maniatada, sufrió golpes y manoseos; Archenti, Adriana, sufrió golpes, torturas con picana y submarino seco; Hauché, Susana, fue torturada en la comisaría 5ta durante 10 días, le faltaba cabello en la parte de arriba de la cabeza debido a los golpes recibidos".

"Marlene Kleger Krug, estudiante de medicina, de nacionalidad paraguaya, tenía golpes de bayoneta. Nilda Eloy declaró que la habían crucificado, tenía huellas de la crucifixión en manos y pies", continuó enumerando el fiscal.

Shapiro detalló las torturas infligidas a Eduardo Kirilovsky "castigado especialmente por ser judío y comunista" o el caso de José David Aleksoski, cuya familia inició gestiones ante Monseñor Graselli para hallarlo y éste les dijo que "José estaba en el cielo y no podía darles el cuerpo".

"Spina de Cena, Nora, embarazada de 9 meses, dio a luz a una nena esposada al radiador de la comisaría 5ta de La Plata y le dijeron que a la beba la iban a entregar a la Casa Cuna, la obligaron a limpiar todo y le sacaron a la beba", siguió relatando el alegato fiscal.

También se oyó lo padecido por Analía Maffeo, detenida en el Destacamento de Arana y la comisaría 5ta de La Plata, quien había recibido quemaduras de cigarrillos en los pies y vio al capellán Christian Von Wernich "a quien le pidió una Biblia y éste le dijo que no se la daría porque era comunista".

O la historia de Inés Ortega de Fossatti, que se encuentra desaparecida y también dio a luz en la comisaría 5ta de La Plata "sobre la mesa de la cocina y fue atendida por Jorge Bergés.

El fiscal también detalló el padecimiento de Mónica Santucho, de apenas 14 años, secuestrada junto a sus padres, violada y torturada en la comisaría 5ta de La Plata.

El alegato fue seguido con displicencia y gestos imperturbables por la mayoría de los represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, quienes ni siquiera intercambiaban palabras entre sí.

El médico policial Jorge Bergés y Eros Tarela estuvieron no concurrieron a la audiencia; en tanto Rodolfo Campos y Luis Patrault, la siguieron por teleconferencia desde su lugar de prisión aunque transcurrida una hora y media de lectura manifestaron "estar cansados" y se retiraron a sus celdas.

jueves, 8 de noviembre de 2012

Circuito Camps: El fiscal Schapiro acusó por homicidio calificado a 15 represores

El ex ministro de Gobierno Jimmy Smart declaró y se contradijo

La Fiscalía Federal de La Plata acusó hoy por homicidio calificado a 15 de los 23 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura militar en lo que se denominó "el Circuito Camps". Entre ellos se encuentra el ex ministro de Gobierno bonaerense, James Smart. A los 23 represores, el fiscal Hernán Shapiro les imputó el delito de privación ilegal de la libertad agravada. Tras casi un año de juicio, Shapiro inició hoy el alegato de la fiscalía en el que imputó por homicidio calificado a Smart, al ex subjefe de la Policía Bonaerense, general (R) Rodolfo Aníbal Campos; al ex director de Investigaciones, comisario general (R) Miguel Etchecolatz; al ex jefe del Destacamento Arana, comisario (R) Miguel Kearney; al ex jefe de la Regional La Plata, comisario (R)Horacio Luján, y al ex subjefe de Investigaciones, comisario (R) Bernabé Corrales.

La misma calificación recayó sobre los policías retirados Carlos García; Raúl Machuca; Julio Arguello, Mario Sita, Fernando Svedas, Roberto Grillo, Luis Patrault, Norberto Cozzani y Horacio Guayama.

En su alegato, Schapiro acusó también por privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos a los ex policías Daniel Lencinas, Sergio Verduri, Roberto Cabrera, Eros Tarela, Domingo Almeida, Santiago Antonini, Pedro Ferriole y al ex médico policial, Jorge  Bergés, a quien imputó también el delito de falsedad ideológica y retención de un menor de 10 años.

El Circuito Camps (por el ex Jefe de Policía, el fallecido general Ramón Camps) operó como un engranaje del plan general de represión que utilizó los recursos del Estado para detener ilegalmente a personas y depositarlas en centros clandestinos en alarmantes condiciones de vida, ilustró el fiscal.

Aseguró Schapiro que las crueldadades escuchadas en los testimonios de las víctimas nos demuestran la enorme ferocidad con la que se actuó en el Circuito Camps, y sostuvo que "es imposible encontrar palabras para definir esa realidad".

Adelantó que en su alegato además del contexto histórico y político de esa época al que se refirió hoy, hará en las próximas audiencias una descripción general del Circuito Camps, de las condiciones de los centros clandestinos y de las condiciones en que se encontraba cada una de las víctimas, y que luego dedicará una parte especial al ataque a la casa Teruggi-Mariani, en el que desapareció la pequeña Clara Anahí.

En el juicio, en el que prestaron declaración unos 400 testigos, también estaban imputados pero fallecieron durante el proceso el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean; el coronel Alejandro "El Ratón" Arias Duval y el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata,  comisario (R) Rubén Oscar Páez.

En las audiencias, se ventilaron los delitos cometidos en la Comisaría 5ta. de La Plata, el destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la subcomisaría de Don Bosco denominada "Puesto Vasco", COTI Martínez y la Brigada de San Justo, que al unificarse en un solo juicio permitió acortar los plazos que hubniera implicado juzgar a cada uno de los represores por separado.

Hoy, previamente al inicio del alegato de la fiscalía, el  ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, reconoció que durante su gestión conocía la existencia de centros clandestinos y sabía que las Fuerzas Armadas habían asumido la represión, con lo que actuaban sin tener en cuenta a jueces, órdenes de allanamiento ni indagatorias. Smart aseguró que en ese contexto nada podía hacer.

En la ampliación de su indagatoria Smart reconoció que conocía los centros clandestinos de detención, que sabía que las Fuerzas Armadas destinaban en las unidades policiales zonas para tener detenidos no registrados y que también sabia que los militares habían decidido per se el juzgamiento de los elementos subversivos.

Smart, el único civil juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros que integraban el Circuito Camps, contestó preguntas puntuales. ¿Sabía que las Fuerzas Armadas detenían? "Sí, lo veía todos los días". ¿Sabía que se habían arrogado el juzgamiento? "Sí, es un hecho. ¿Si yo colaboré? "No, no puse nada de mí para que existiera eso".

Smart, que ejerce su propia defensa, se contradijo con estas afirmaciones, ya que al empezar a declarar afirmó que "Ahora me entero que hubo un plan sistemático que  civiles y militares enajenados salieron a matar a jóvenes porque se oponían al Proceso", pero tras ser cuestionado por unos de los jueces, reconoció que durante la última dictadura militar había un sistema alejado del sistema legal y que él no ignoraba que las Fuerzas Armadas "juzgaban" a la subversión, pero que "nada podía hacer", porque sabía que no intervenían jueces, ni habría órdenes de allanamiento ni indagatorias.

martes, 6 de noviembre de 2012

Los funcionarios explicaron las claves del alegato que presentan hoy ante el tribunal Federal Nº 1 de La Plata.

Feroz. Inconmensurable. Fríamente planificado. Con esas palabras, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández intentaron describir las características de la represión ilegal en el Circuito Camps, la red de centros clandestinos de la Policía Bonaerense en dictadura, por cuyos crímenes están siendo juzgados en La Plata algunos de los máximos responsables. Sin embargo, Schapiro y Fernández advirtieron que las palabras resultan insuficientes. "Este juicio reveló la inserción de la Policía Bonaerense en el circuito represivo general instalado en el país por la dictadura", explicaron a Tiempo Argentino los fiscales, antes de los alegatos que van a presentar hoy.
Analizaron el rol asignado a cada uno de los seis centros de detención que se investigan, dispuestos para el secuestro, la tortura y el depósito de prisioneros políticos; las motivaciones antisemitas y políticas en el secuestro de Jacobo Timerman y la intencionalidad de sacar de juego y quedarse con el dinero de los herederos del empresario David Graiver, luego de que les arrebataran Papel Prensa.

Esta mañana, ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, los fiscales pedirán condenas para los 23 imputados –tres de ellos murieron en el transcurso del juicio– en el proceso que investiga los crímenes de lesa humanidad contra 280 víctimas en la Brigada de Investigaciones, el destacamento policial de Arana y la Comisaría Quinta, en La Plata; el COT I de Martínez, en San Isidro; y el destacamento policial de Puesto Vasco, en Quilmes. Todos estos centros clandestinos operaron bajo la órbita de la Policía Bonaerense, en el denominado Circuito Camps, así llamado por el jefe de esa fuerza durante la represión, Ramón Camps.
"Nuestro alegato se va a fundar en la acreditación de la existencia de un sub circuito de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, en algunos casos, o desaparición definitiva, en otros, que funcionaban en edificios oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esa es la estructura principal de lo que tenemos probado, y que por allí pasaron las víctimas de este juicio, que fueron hechas rotar por estos centros sometidas a salvajes tormentos y condiciones infrahumanas de detención", detalló Schapiro.
Fernández agregó que otro eje será "la división de las funciones entre cada centro", porque "claramente, Brigada tenía el rol de ingreso y distribución de detenidos al sistema clandestino; Arana era un centro de extracción de información bajo tortura brutal y permanente de personas". Schapiro completó que "la Quinta era un lugar de depósito, pero con ciertas particularidades, porque se torturó a chicos, se abusó de chicos. En ese lugar las víctimas estaban a la espera de ser trasladadas o de su destino final."

–¿También ocurrió en COTI Martínez y Puesto Vasco?
Schapiro: –Ese es el otro sub circuito, que lo vamos a encarar con un sentido distinto, porque no era tanto un lugar al que llevaran militantes políticos, estudiantes o jóvenes. Ateniéndonos a lo que se ha demostrado en el juicio, se trataba de un lugar en donde la policía o los militares discernían internas o procuraban espurios intereses económicos. Pero mantiene la misma lógica. Martínez era el lugar de torturas y Puesto Vasco de depósito, aunque en este último también se torturaba. Ahí murió (el socio de David Graiver) Jorge Rubinstein, producto de la tortura, y Lidia Papaleo denunció que fue atada en una cama y torturada en ese centro. Martínez fue un lugar de torturas aberrantes y, al igual que lo que pasa con Arana, faltan las palabras para poder expresar todo lo que se vivió ahí adentro.
–¿Cuáles eran esas internas que se dirimían?

S: –La hipótesis que existe es que lo que se discernía era entre un sector llamado "grupo La Plata", que postulaba al gobernador de Facto Ibérico Saint Jean para la sucesión de Videla en la presidencia, frente a Roberto Viola, que era quien Videla había elegido. Este grupo era, digamos, el ala dura. Entonces, el secuestro y las torturas del gabinete de (el ex gobernador Victorio) Calabró tuvieron el sentido de mostrar la fortaleza del grupo y, aparentemente, había conexiones entre ese gobernador y Viola.
Fernández: –Esa fue su forma de realizar una investigación para encontrar elementos probatorios en contra de Calabró. Buscaban "chanchullos" para pegarle al ex gobernador que estaba protegido en la Capital Federal por Viola.
–¿Y los intereses económicos?
S: –Ahí entra el caso Graiver. Ahí hay una búsqueda evidente de quedarse con la plata. Y lo que dijimos en el dictamen de Papel Prensa: la intención de sacarlos de circuito, de correrlos. Pero pensamos que tenían la intensión de quedarse con su dinero, porque tenían mucho, y además estaba la idea en los victimarios de que ellos tenían la plata de los Montoneros. Y querían quedársela. En realidad, Papel Prensa ya se la habían quitado, ya había sido transferida a Fapel y, de ahí, a Clarín y La Nación.

–¿No hay continuidad?
S.: –Hay una continuidad en la persecución que tiene motivaciones políticas, religiosas y, sobre todo, económicas. Esa persecución es la continuidad que se termina concretando en el crimen, la tortura, la desaparición forzada. Para nosotros la persecución había comenzado mucho antes. Prima facie, porque fue lo que dijimos en el dictamen de Papel Prensa, en el contexto de una persecución que ya se había iniciado contra el grupo, compulsivamente los hacen entregar las acciones de Papel Prensa. Pero después la persecución continúa, se concreta en los secuestros y las torturas que tenían el sentido de sacar de circulación a los Graiver; probablemente, intentar quitarles el dinero y todo con un contenido antisemita muy importante.
–-En el caso del secuestro de Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, ¿qué quedó probado?
S.: –Según denunciaron sus hijos (Javier y el canciller Héctor Timerman), los victimarios tenían la idea de que Timerman representaba a la sinarquía internacional, que quería quedarse con el país. También se les quiso quitar el diario. Lo llamativo es que tanto en los casos de los ministros, en el de Timerman y en el de los Graiver, estuvieron dedicados grupos especiales de la policía, que los integraban gente de confianza de (el imputado Miguel) Etchecolatz. Evidentemente, había especial interés de altas esferas, porque actuaba gente de confianza del director de Investigaciones de la policía, que tenía llegada directa a Camps.
–Con el debate ya en su etapa final, ¿qué evaluación hacen?

F.: –Creo que es un proceso histórico. Creo que hay un antes y un después de este juicio en la provincia. En cuanto a dimensiones, importancia, cantidad de hechos que trata, es uno de los juicios más importantes que se ha hecho en el país desde 2003.
S.: –Es particularmente importante para La Plata, una de las ciudades más castigadas por la dictadura. Este juicio permite visibilizar el funcionamiento de lo que fue la Policía de la Provincia inserta en el circuito represivo general instalado por la dictadura. Este es un juicio que no toca todo el circuito, sino una parte, pero me parece que los hechos que se juzgaron demuestran la magnitud que tenía, y lo inconmensurable de los hechos que se produjeron. Revela también el carácter fríamente planificado de la represión.
F.: –La ferocidad del Circuito Camps es algo inédito en el resto del país.

Por: Pablo Roesler

jueves, 1 de noviembre de 2012

Amenazaron al Tribunal que juzga al Circuito Camps

 Los tres jueces recibieron mails intimidatorios y con citas bíblicas. Ocurre cuando el juicio entró en su etapa final y uno de los represores admitió las torturas y se hizo cargo de las muertes.

Mario Portela, Carlos Rozanski y Roberto Falcone, los jueces del TOCF Nº 1 que sufrió amenazas (Foto: Matías Adhemar)

Los miembros del Tribunal Oral Federal Criminal Nº 1, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del denominado Circuito Camps, que operó con varios centros clandestinos de detención durante la última dictadura, denunciaron haber sido amenazados. La presentación la realizó el presidente de ese cuerpo, Carlos Rozanski, quien entregó documentación consistente en correos electrónicos y correspondencia recibida por los tres jueces y allegados, con recortes de diarios referidos a sus personas y a los procesos que tramitan.

La denuncia por “coacciones agravadas”, que recayó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, incluye a Mario Portela y Roberto Falcone, los restantes integrantes del tribunal que juzga a 24 represores.

En su caso particular, Rozanski aludió a correos electrónicos recibidos en su casilla personal donde le copian una cita bíblica referida a la "condenación", muy similar a la pronunciada por el represor Miguel Etchecolatz en sus últimas palabras antes de ser condenado a reclusión perpetua en 2006.

También advierten a los jueces que aún pueden modificar su postura, aluden a la protesta de caceroleros del 13 de septiembre y anuncian la llegada de una "verdadera justicia".

A Rozanski le enviaron los primeros correos intimidatorios en agosto y esta semana, Portela y Falcone y un familiar recibieron en su domicilio correspondencia remitida desde Uruguay que será analizada por el juez Lijo.

"De ningún modo estas amenazas influirán en los juicios porque el espacio social que se ha generado en la Argentina para permitir que se lleven adelante estos procesos es irreversible", afirmó Rozanski en diálogo con la agencia Télam.

El titular del Tribunal, que condenó a Etchecolatz "en el marco de un genocidio", defendió la continuidad de los juicios que "se realizan en todo el país, con muchos jueces, fiscales y querellas, con asistencia debida de defensores".

"La justicia actúa con un nivel de plenitud que solo puede actuar cuando la sociedad tiene un espacio adecuado y el Estado acompaña en ese mismo espacio, como ahora", remarcó el presidente del Tribunal

Por su parte, Falcone ratificó las amenazas y reconoció que no es un hecho inusual en su carrera de magistrado, que incluye la investigación de crímenes de la Triple A y de la CNU en Mar del Plata.

"Nada va a impedir que hagamos lo que tengamos que hacer a nivel jurisdiccional", remarcó Falcone, y agregó: "La etapa de investigación y juzgamiento y lo que dependa de nosotros no se va a detener ni un instante. Vamos a seguir hasta último momento y haremos todo lo que corresponde".

En tanto, el juez Mario Portela afirmó que "los juicios no corren ningún peligro por este tipo de coacciones" y remarcó que "cuando uno se sienta en el estrado, sabe que es pasible de presiones de quienes no quieren ser juzgados".

"No nos vamos a dejar amedrentar por estas cuestiones, en mi caso desde 2000 recibo amenazas en mi casa, telefónicamente, dejando secuelas traumáticas en mi familia", insistió el juez, quien consideró "curioso" que "dentro de la correspondencia" que recibió "hubiera editoriales del diario La Nación reafirmando su postura".

El mensaje de Campos. Las amenazas fueron denunciadas en la misma semana en la que uno de los acusados reconoció las torturas que realizaban a los secuestrados. Se trata del ex jefe de Policía bonaerense Rodolfo Aníbal Campos, quien durante más de una hora defendió las prácticas utilizadas por el terrorismo de Estado.

"Torturábamos como se tortura en todo el mundo para obtener información. No torturábamos porque nos gustara", dijo Campos, que no dudó en afirmar: "Estoy orgulloso porque se paró la subversión en la provincia de Buenos Aires".

En otro tramo de su declaración afirmó: "La historia que se quiere traer nos hace vivir un presente falso. Está cargada de ideología, de política, de intereses económicos", y no dudó en acusar al ex presidente Néstor Kirchner de "arrogarse los derechos humanos".

El juez Portela respondió al imputado negando que el tribunal recibiera órdenes de ningún gobierno, le recordó que su imputación es como un ciudadano y no un juzgamiento a la Institución del Ejército y advirtió que los argumentos que utilizó en su declaración son similares al tenor de las amenazas que recibieron los integrantes del tribunal. 

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