En su pedido para no perder la prisión domiciliaria argumentó que es el único modo de garantizar su autodefensa. Todos los defensores rechazaron el pedido de fiscales y querellantes para que a los acusados se les imputen 33 homicidios.
James Smart, en su doble rol de acusado y abogado defensor, durante el juicio Diagonalesweb@gmail.com
El ex ministro de gobierno provincial de la dictadura militar, James Smart, pidió que no le sea revocado el beneficio de la prisión domiciliaria y lo basó en su necesidad de acceder a Internet para poder ejercer con todas las garantías su autodefensa. Lo hizo en una nueva audiencia del juicio por los crímenes cometidos en el marco del denominado Circuito Camps, estructura represiva comandada por el jefe de la policía bonaerense de entonces, en la que todos los defensores alegaron en contra del pedido de las querellas y las fiscalías para que a los procesados se les amplíen las imputaciones a homicidios y, como consecuencia, se les quiten los beneficios.
Smart, el único civil del proceso, quien además ejerce su propia defensa, en el marco de un pedido semejante de los abogados de los 15 imputados.
La fiscalía y los querelantes habían requerido en audiencias previas que las acusaciones se amplíen por el delito de homicidio cometidos contra 33 víctimas que estaban desaparecidas, y cuyos cuerpos fueron identificados con posterioridad por el Equipo de Antropología Forense (EAAF).
El abogado Smart había sido acusado, junto con el ex gobernador de facto Ibérico Saint, por el homicidio de Jorge Rubinstein, el ladero del empresario David Graiver, en el centro Puesto Vasco.
Las dos defensas consideraron que el hecho ya fue juzgado en 1985 a pesar de que Lidia Papaleo e Isidoro Graiver en aquella oportunidad no dieron precisiones de esa muerte y sí lo hicieron en este juicio.
Antes de Smart, entre los abogados defensores habló la defensora oficial Laura Diaz, quien representa a Etchecolatz y a otros cuatro ex policias. Ejerció una defensa tecnica, en la que sostuvo que "ni las identificaciones de los antropólogos, ni los testimonios, ni las pruebas documentales "son hechos nuevos". Según su criterio, entonces, la querella y los fiscales debieron pedir las ampliaciones en la etapa de instrucción y "el debate oral no es para corregir omisiones cometidas en la instrucción".
James Smart, en su doble rol de acusado y abogado defensor, durante el juicio Diagonalesweb@gmail.com
El ex ministro de gobierno provincial de la dictadura militar, James Smart, pidió que no le sea revocado el beneficio de la prisión domiciliaria y lo basó en su necesidad de acceder a Internet para poder ejercer con todas las garantías su autodefensa. Lo hizo en una nueva audiencia del juicio por los crímenes cometidos en el marco del denominado Circuito Camps, estructura represiva comandada por el jefe de la policía bonaerense de entonces, en la que todos los defensores alegaron en contra del pedido de las querellas y las fiscalías para que a los procesados se les amplíen las imputaciones a homicidios y, como consecuencia, se les quiten los beneficios.
Smart, el único civil del proceso, quien además ejerce su propia defensa, en el marco de un pedido semejante de los abogados de los 15 imputados.
La fiscalía y los querelantes habían requerido en audiencias previas que las acusaciones se amplíen por el delito de homicidio cometidos contra 33 víctimas que estaban desaparecidas, y cuyos cuerpos fueron identificados con posterioridad por el Equipo de Antropología Forense (EAAF).
El abogado Smart había sido acusado, junto con el ex gobernador de facto Ibérico Saint, por el homicidio de Jorge Rubinstein, el ladero del empresario David Graiver, en el centro Puesto Vasco.
Las dos defensas consideraron que el hecho ya fue juzgado en 1985 a pesar de que Lidia Papaleo e Isidoro Graiver en aquella oportunidad no dieron precisiones de esa muerte y sí lo hicieron en este juicio.
Antes de Smart, entre los abogados defensores habló la defensora oficial Laura Diaz, quien representa a Etchecolatz y a otros cuatro ex policias. Ejerció una defensa tecnica, en la que sostuvo que "ni las identificaciones de los antropólogos, ni los testimonios, ni las pruebas documentales "son hechos nuevos". Según su criterio, entonces, la querella y los fiscales debieron pedir las ampliaciones en la etapa de instrucción y "el debate oral no es para corregir omisiones cometidas en la instrucción".
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