El Equipo Argentino de Antropología Forense y la Justicia platense buscan los cimientos del edificio de la vieja planta transmisora de Radio Provincia.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó las excavaciones en busca de rastros de la edificación de lo que fue el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, que funcionó entre 1977 y 1978 en las afueras de La Plata, el cual fue demolido a finales de la dictadura para borrar todo vestigio de su existencia. El peritaje intenta dar con los cimientos de la construcción donde funcionó uno de los campos más emblemático del terrorismo de Estado, en el que fueron víctimas, entre otros, la hija de la Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los hijos de la Madre Hebe de Bonafini, y los familiares del embajador argentino en España, Carlos Bettini.
Las excavaciones comenzaron el lunes último en el predio ubicado detrás de la Unidad Carcelaria Nº1 del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre las calles 191, 196, 47 y 52 (vías del ferrocarril Belgrano). Los peritajes están a cargo de la Secretaría Nº3, a cargo de Ana Cotter y Sandra Mañanes, del Juzgado Federal Nº1 de Manuel Humberto Blanco, confirmaron fuentes judiciales.
Las mismas fuentes dijeron que los peritos comenzaron a rastrear las bases de la edificación de la vieja planta transmisora de Radio Provincia donde funcionó el centro y remarcaron que esperan que los antropólogos “encuentren rastros el sótano que describieron los sobrevivientes y elementos que permitan reconstruir algo más que los cimientos”.
Informaron también que en las tareas –que el miércoles se suspendieron por la lluvia- estaría prevista la utilización de los georradares de la Gendarmería Nacional, capaces de escanear bajo la superficie de la tierra.
La Cacha. El campo de concentración funcionó en una edificación de la Radio provincial que durante la dictadura fue transferida al Servicio Penitenciario Bonaerense por un decreto firmado por el gobernador, el general Ibérico Saint Jean, y su ministro de Gobierno Jaime Smart. Los dos funcionarios están imputados, junto a otros 16 represores, en una causa elevada a juicio por el juez Blanco en marzo pasado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro durante el año 1977, contra 130 víctimas.
Tras el traspaso del edificio, el lugar fue destinado para funcionar como centro clandestino. Y a diferencia de otros, que existieron en la región durante la dictadura, no era una dependencia oficial perteneciente a ninguna de las fuerzas que allí actuaron, lo que potenció la ilegalidad de los actos.
Por los testimonios de los sobrevivientes de ese centro, se supo que el nombre “La Cacha” hacía referencia a la bruja Cachavacha, el personaje de Hijitus que tenía “la escoba que barre y borra” que “hacía desaparecer gente”. En ese campo de concentración actuaban el Ejército, la Marina, personal penitenciario y personal civil de inteligencia. De hecho, según los testimonios, algunos de los interrogadores eran estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata devenidos en “servicios”.
La construcción tenía un sótano, una planta baja y un primer piso. Allí se torturaba, se interrogaba y se mantenía a los prisioneros políticos encapuchados y encadenados a la pared.
En la causa recientemente elevada a juicio, caratulado “Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 ventilará las apropiaciones de bebés, secuestros, torturas y desapariciones cometidos contra un centenar de personas entre las que se cuentan Laura Carlotto (hija de la Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto); Antonio Bettini (padre del embajador en España, Carlos Bettini) y su suegra, y Raúl y Jorge Bonafini
Las excavaciones comenzaron el lunes último en el predio ubicado detrás de la Unidad Carcelaria Nº1 del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre las calles 191, 196, 47 y 52 (vías del ferrocarril Belgrano). Los peritajes están a cargo de la Secretaría Nº3, a cargo de Ana Cotter y Sandra Mañanes, del Juzgado Federal Nº1 de Manuel Humberto Blanco, confirmaron fuentes judiciales.
Las mismas fuentes dijeron que los peritos comenzaron a rastrear las bases de la edificación de la vieja planta transmisora de Radio Provincia donde funcionó el centro y remarcaron que esperan que los antropólogos “encuentren rastros el sótano que describieron los sobrevivientes y elementos que permitan reconstruir algo más que los cimientos”.
Informaron también que en las tareas –que el miércoles se suspendieron por la lluvia- estaría prevista la utilización de los georradares de la Gendarmería Nacional, capaces de escanear bajo la superficie de la tierra.
La Cacha. El campo de concentración funcionó en una edificación de la Radio provincial que durante la dictadura fue transferida al Servicio Penitenciario Bonaerense por un decreto firmado por el gobernador, el general Ibérico Saint Jean, y su ministro de Gobierno Jaime Smart. Los dos funcionarios están imputados, junto a otros 16 represores, en una causa elevada a juicio por el juez Blanco en marzo pasado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro durante el año 1977, contra 130 víctimas.
Tras el traspaso del edificio, el lugar fue destinado para funcionar como centro clandestino. Y a diferencia de otros, que existieron en la región durante la dictadura, no era una dependencia oficial perteneciente a ninguna de las fuerzas que allí actuaron, lo que potenció la ilegalidad de los actos.
Por los testimonios de los sobrevivientes de ese centro, se supo que el nombre “La Cacha” hacía referencia a la bruja Cachavacha, el personaje de Hijitus que tenía “la escoba que barre y borra” que “hacía desaparecer gente”. En ese campo de concentración actuaban el Ejército, la Marina, personal penitenciario y personal civil de inteligencia. De hecho, según los testimonios, algunos de los interrogadores eran estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata devenidos en “servicios”.
La construcción tenía un sótano, una planta baja y un primer piso. Allí se torturaba, se interrogaba y se mantenía a los prisioneros políticos encapuchados y encadenados a la pared.
En la causa recientemente elevada a juicio, caratulado “Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 ventilará las apropiaciones de bebés, secuestros, torturas y desapariciones cometidos contra un centenar de personas entre las que se cuentan Laura Carlotto (hija de la Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto); Antonio Bettini (padre del embajador en España, Carlos Bettini) y su suegra, y Raúl y Jorge Bonafini
Por Pablo Roesler - pabloroesler@gmail.com
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