viernes, 31 de julio de 2015

Miguel Etchecolatz reclama que le garanticen el servicio de peluquería y pedicuria (¿?)

Un hábeas corpus por el pelo y las uñas

El represor, uno de los que más condenas acumula por sus crímenes de lesa humanidad, redactó la presentación de puño y letra. Se queja de que no tiene peluquero ni pedicuro y argumenta que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”.

El ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz reclama un peluquero. El ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que suma cinco condenas por delitos de lesa humanidad, redactó de puño y letra un recurso de hábeas corpus para que el Servicio Penitenciario Federal le garantice “servicio de peluquería y pedicuría”. Cuatro días después el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, le concedió una audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza y tomó nota del reclamo, que transmitió al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y al juez federal Daniel Rafecas, quien instruye causas por las que Etchecolatz podrá seguir acumulando condenas hasta el final de sus días.

La carta de quien fuera mano derecha del ex coronel Ramón Camps durante el terrorismo de Estado data del jueves pasado. Etchecolatz explica que recurre al hábeas corpus una vez “agotadas las gestiones tendientes a lograr el concurso de un peluquero sin obtener a la fecha resolución alguna, pese a la comunicación que con fecha 6 del corriente cursara al Complejo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata”. El pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”, agrega. Concluye con el tradicional “Será Justicia” y firma como “Prisionero de guerra”.

El lunes a primera hora el juez Santa Marina ordenó que el represor fuera trasladado a la sala de audiencias del penal. Menos de dos horas después, Etchecolatz apareció del otro lado de la pantalla y se explayó ante el magistrado. Según el acta, “hace un tiempo que viene solicitando un peluquero y un pedicuro, pero le dicen que no hay obligación por parte del Servicio Penitenciario de prestar ese servicio”. El 6 de julio el tribunal platense “puso en conocimiento de la unidad que se le debía ofrecer el servicio de un peluquero, pero no hicieron nada”, aseguró. “Nadie da una respuesta”, se quejó el policía que supo regentear el mayor circuito represivo de la Argentina durante la última dictadura. Pidió que se le hiciera saber al tribunal y a Rafecas del pedido “para que intercedan” y le notifiquen lo que resuelvan. Cerrada la audiencia, el juez Santa Marina dio por desistida la acción de hábeas corpus y trasladó el pedido a los destinatarios requeridos por el ex policía.

Etchecolatz es detrás de los ex generales Luciano Menéndez y Santiago Riveros uno de los represores que más condenas acumula por su actuación durante la dictadura. En diciembre de 1986 la Cámara Federal que había juzgado a los ex comandantes lo condenó a 23 años de prisión en un juicio que compartió con los generales Ramón Camps y Ovidio Richieri y con los policías Jorge Bergés y Norberto Cozzani. Seis meses después, en línea con el dictamen del procurador Juan Octavio Gauna, la Corte Suprema de Justicia declararía constitucional la ley de obediencia debida, que le permitiría a Etchecolatz y a los dos polícías recuperar la libertad.

En 2004 Etchecolatz y Bergés se convirtieron en los primeros represores condenados por la supresión de identidad de una hija de desaparecidos sin haber sido apropiadores directos. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo condenó a siete años de prisión por el caso de la hija de Aída Sanz y Eduardo Gallo. Dos años después, tras la anulación de las leyes de impunidad, el mismo tribunal lo condenó a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidios calificados. En 2012 recibió su segunda sentencia a reclusión perpetua por quince homicidios calificados, y en octubre pasado la tercera, por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha.EL 24 DE AGOSTO COMENZARA EL JUICIO CONTRA UN EMPRESARIO SALTEñO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

martes, 26 de mayo de 2015

Arrestaron al ex jefe de personal del Regimiento 7º de La Plata

Welsh, un prófugo buscado durante dos años

El ex jefe de Personal del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante 1976, Enrique Francisco Welsh, quien se encontraba prófugo de la Justicia y está imputado por crímenes en el centro clandestino que funcionó en una sede policial, fue detenido en un domicilio de la Capital Federal por la Policía Federal.

Según informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal, la Policía Federal detuvo el viernes por la noche en un domicilio de la Capital Federal a Welsh, quien se encontraba prófugo desde el 2 diciembre de 2013 en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la sede de los regimientos de Infantería y Caballería de la Policía provincial.

Welsh, de 65 años y por quien se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos, fue trasladado en la mañana del sábado a La Plata, donde ese mismo día se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Laureano Durán.

El ex militar fue reconocido en 1976 por sobrevivientes como secuestrador –lo mencionan vestido de civil– y como torturador e interrogador de aquel centro clandestino, uno de los primeros puestos en funcionamiento en la región tras el golpe de Estado del 24 de marzo.

La detención de Welsh era requerida desde 2008 por la Unidad Fiscal de La Plata, que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción. La fiscalía lo imputó en su carácter de jefe de personal –y, como tal, miembro de la plana mayor– del Regimiento de Infantería 7. Esta unidad militar fue la jefatura del área operacional 113, a cargo de la represión ilegal en La Plata.

Al describir los testimonios de los sobrevivientes, la Unidad Fiscal remarcó que “han relatado que permanecían en una especie de barraca militar –una o más– o grandes galpones, con sus ojos vendados o encapuchados, acostados en camas o cuchetas y esposados a ellas, no podían hablar entre ellos, sin poder ir al baño, con escasa comida y bajo el temor constante de ser sometidos en cualquier momento a golpes, patadas u otro tipo de maltrato o, si se llevaban a otro compañero para ser interrogado, permanecían tensionados preguntándose en qué estado regresarían o si volverían con vida”. Otros testimonios, indicó la fiscalía, “dan cuenta de la existencia de celdas individuales en las que permanecían secuestrados o en talleres donde eran torturados e incluso algunos fueron llevados a una caballeriza en la parte posterior de la dependencia”.

La investigación revela que en la misma madrugada del golpe de Estado cívico-militar comenzó el arribo de prisioneros ilegales al centro clandestino, en su mayor parte trabajadores con militancia sindical en la zona del Puerto La Plata, en las ciudades de Berisso y Ensenada

lunes, 10 de noviembre de 2014

"Las amenazas no frenan el proceso de verdad y justicia"

Lo dijo el fiscal del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Monte Peloni, cercano a Olavarría. La intimidación estaba dirigida al Tribunal, las querellas y los testigos.

El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detenciones de Monte Peloni, vecino a Olavarría, “va a continuar a pesar de las amenazas” recibidas esta semana por jueces y testigos, porque “es imposible parar este proceso de reparación, de memoria, verdad y justicia”, afirmó el fiscal de la causa, Walter Romero.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Rafael Curtoni, denunció que en la sede que esa casa de altos estudios posee en Olavarría, y donde se desarrolla el juicio, se recibió una carta con “graves amenazas” hacia los jueces y testigos firmada por un grupo autodenominado CAOS (Comando Argentino Olavarriense Solidario).

Romero dijo que el mismo grupo “ya había realizado otras amenazas similares en los años 2004 -con una especie de collage con un mensaje intimidatorio-, y 2011 -con llamadas telefónicas anónimas-”.

Por ese motivo, las amenazas “también están siendo investigadas”, afirmó; y adelantó que la semana próxima uno de los testigos “podría dar datos que ayuden a descubrir a los que se ocultan detrás de estas maniobras”.

“Quieren amedrentar y asustar pero no van a poder desmoralizar a la gente porque es imposible que se frene este proceso de recuperación de Memoria, Verdad y Justicia”, aseguró Romero.

El fiscal indicó que “existen redes de encubrimiento y hay unos cuantos prófugos en lo vinculado a las causas de delitos de lesa humanidad, por eso creemos que también cuentan con ese apoyo, de hecho, tener un prófugo suele ser bastante caro, así que debe haber apoyo económico también”.

En esa misma línea recordó que el 5 de octubre pasado “se logró detener a una persona que estaba prófuga en esta causa, la que fue encontrada en unas cabañas en Mendoza”.

“Hacía un año y medio que estaba prófugo y yo le pedí al juez que nos delegue la causa, y en tres meses lo encontramos”, relató.

Romero manifestó que “el objetivo de estas acciones es entorpecer, pero el proceso que se está desarrollando en Olavarría para llegar a los responsables del terrorismo de Estado en este lugar, no va a parar, y en realidad lo que están demostrando es que están asustados porque se les termina la impunidad”.

La carta amenazante encontrada advertía que “aplicarán la inversión de la prueba” hacia los testigos y funcionarios judiciales que llevan a cabo el proceso; y señalaba: “Les aseguramos que nuestra condena será más grave que la que vuestra justicia puede aplicar y de cumplimiento efectivo”.

“Partiremos del principio de culpabilidad a fin que los condenados demuestren su inocencia y contraria a la jerarquía que tiene nuestro heroico Ejército Argentino”, decía el texto que intentaba entorpecer la labor del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata integrado por los magistrados Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela bajo la actuación de los fiscales Romero y Marcos Silvagni.

El expediente se elevó a juicio hace más de dos años y los imputados son el sargento Omar Antonio Ferreyra ("Pájaro"), el capitán Walter José Grosse ("Vikingo"), el general Ignacio Aníbal Verdura y el teniente primero Horacio Leites, quienes están acusados de "homicidio agravado con ensañamiento; privación ilegal de la libertad y torturas".

Todos los acusados pertenecen al Ejército y estaban asignados al regimiento de caballería mecanizada Tanques 2 que aún tiene asiento en esa localidad.

El centro de detención de Monte Peloni se estableció en octubre de 1975, en Sierras Bayas, cerca de Olavarría y pertenecía al área 1/12/124, dentro de la zona 1, en relación a la división territorial que el Ejército diseñó para llevar a cabo la represión.

La otra causa contra Editorial Atlántida por notas publicadas durante la dictadura

Las acciones de propaganda

Alejandrina Barry espera que su caso se sume al expediente en el que fue procesado el periodista Agustín Bottinelli por hacer una falsa nota a Thelma Jara de Cabezas mientras estaba detenida en la ESMA.

 Por Gustavo Veiga

La vida adulterada de Alejandrina Barry terminó cuando tenía 13 años y en gran medida se debe a su lucha. Una lucha en inferioridad de condiciones desde el mismo día en que nació. Susana Mata, su madre, la tuvo en la cárcel de Olmos durante el gobierno de Isabel Perón. Después, la dictadura cívico-militar se encargó del resto: desapareció a sus padres, a sus tíos, la transformó en botín de guerra cuando era niña y le inventó una existencia presuntamente piadosa en complicidad con una empresa periodística, Editorial Atlántida. Tres artículos publicados entre diciembre de 1977 y enero del ’78 la transformaron en una hija del terror abandonada a su suerte. Ahí empezó la tergiversación –sus abuelos la habían buscado en Montevideo y la trajeron a Buenos Aires– que ya desmontó pieza por pieza con paciencia de orfebre. Su caso se ventila en tres juicios por delitos de lesa humanidad. Acaba de declarar por primera vez ante un tribunal oral y aportó información valiosa (ver aparte). También espera ver procesados y condenados a los editores de Somos, Gente y Para Ti, las revistas que utilizaron su tragedia para hacer acción psicológica.

El lunes pasado, Barry declaró como testigo ante el TOF1 patrocinada por abogados del Ceprodh. Lo hizo por primera vez en la causa Plan Cóndor, donde es querellante al igual que en el juicio por el centro clandestino Pozo de Banfield, donde su madre estuvo detenida. En esos expedientes se investiga la de-saparición de sus padres, Alejandro y Susana. El estudiante de derecho y ella maestra, ambos militantes montoneros caídos en Uruguay. Pero hay una tercera querella que Alejandrina presentó en 2010 contra Atlántida y que no avanzó como esperaba. El juez federal Sergio Torres se declaró incompetente y luego hizo lo mismo su colega Sebastián Casanello. Ahora es la Cámara Federal la que debe decidir el conflicto de competencias entre ambos.

El procesamiento reciente que Torres le dictó por coacción al ex editor de Para Ti Agustín Bottinelli –en una causa conexa y por una nota fraguada a Thelma Jara de Cabezas, la madre de un desaparecido, mientras estaba detenida en la ESMA– fue bien recibido por Barry, pero no alentó sus expectativas en la querella que sigue contra Atlántida y los ex responsables periodísticos de sus tres publicaciones principales: Samuel “Chiche” Gelblung (Gente), Gustavo Landivar, Héctor D’Amico y Jorge Gutiérrez (Somos) y Agustín Bottinelli y Lucrecia Gordillo (Para Ti).

Barry, militante del PTS e integrante del Ceprodh, le dijo a Página/12 que “el procesamiento de Bottinelli es algo muy importante, pero hay que seguir avanzando. Mi causa es conexa con la de Thelma Jara de Cabezas y si no progresó es por el poder real que siguen teniendo periodistas como Gelblung o D’Amico. Esto se da en el marco de una situación donde los civiles cómplices de la dictadura que están presos se cuentan con los dedos de una mano”.

El texto de su querella solicita que “se establezca conexidad con la causa Nº 7650/08 iniciada a raíz de la denuncia realizada por Thelma Doroty Jara de Cabezas y que como en ese caso se investigue para determinar qué personas dentro de la Editorial Atlántida SA realizaron acciones voluntarias dolosas en los años 1977 y 1978 en mi perjuicio y sobre otras personas, para que ellos respondan penalmente en la medida de sus actos”.

Más adelante sostiene en su denuncia contra la editorial que “los autores de los homicidios de mis padres y mi privación ilegal de libertad, como quienes posteriormente planificaron la realización de las notas periodísticas, la difusión de una fotografía mía y la edición de varias notas publicadas en revistas, contribuyeron en un plan genocida único, que incluía diversas acciones, una de ellas, las acciones de propaganda para encubrir delitos de lesa humanidad”.

Los tres artículos a los que se refiere Barry salieron en Somos el 30 de diciembre de 1977 bajo el título “Los hijos del terror”; el 5 de enero de 1978 en Gente, que informó “Esto también es terrorismo. Alejandra (sic) está sola” y Para Ti cerró la serie de notas el 16 de enero de 1978 con el título “A ellos no les importaba Alejandra”. En su denuncia, Barry sostuvo que “‘las notas periodísticas’ que me involucran marcaron gran parte de mi vida, fraguaron mi historia personal y afectaron mi identidad”. Tal vez el dato más contundente que aportó está relacionado con la velocidad con que se produjeron los hechos: “el asesinato de mis padres, la restitución a mi familia y la publicación de estas notas se dan en menos de un mes, incluso cuando parte de los hechos se desarrollan en el país vecino”.

La pequeña rubiecita de las fotografías con que Atlántida ilustró su historia a medida de la dictadura hoy tiene 39 años y una militancia que se volvió el mejor antídoto contra la impunidad. “Es mi manera de seguir peleándola, porque todo lo que me hicieron a mí, el rol de los medios, no lo tomó ningún juez todavía. Pasó muchísimo tiempo, necesitamos justicia”, pide. Barry está convencida de que cuando los militares la entregaron a sus abuelos “servía más para que ellos hicieran su publicidad que apropiada. No me entregaron sin más. Fue una decisión política”.

Cuando declaró ante el TOF1 en Comodoro Py reveló que mientras buscaba datos de sus padres se presentó en la Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense ya disuelta) para solicitar las fichas de sus padres, Juan Alejandro y Susana. Recibió una sorpresa gigante cuando le dijeron que había dos Barry, pero se trataba de ella y su papá. “Yo estaba catalogada como ‘delincuente subversiva’ por haber participado en una marcha contra la presencia de Clinton en Argentina en el año 1997 y evidentemente por ser militante política”.

Barry se enteró de que era hija de desaparecidos a los 13 años. Fue después de una desagradable anécdota doméstica en una familia muy dividida: “la esposa de mi abuelo muy enojada, vaya a saberse por qué, me gritó que yo era hija de terroristas”. Desde ese momento, Alejandrina sepultó la creencia de que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, reivindicó su militancia y espera que se haga justicia por ellos, y también por ella.

lunes, 29 de septiembre de 2014

El testimonio de la única mujer que pasó por el centro clandestino de Monte Peloni

Las marcas del infierno en el cuerpo

En el juicio por los crímenes perpetrados en Olavarría durante la dictadura, Araceli Gutiérrez contó las torturas y abusos que sufrió durante su secuestro. Fue acosada por el defensor de uno de los represores acusados.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael

Desde Olavarría

Devastada por casi cuatro horas de testimonio, agredida por la inquisición de uno de los abogados de los represores, revictimizada durante treinta años relatando una y otra vez su tragedia, Araceli Gutiérrez declaró ayer ante el tribunal que juzga a los represores Ignacio Aníbal Verdura, Omar Antonio Ferreyra, Horacio Leites y Walter Jorge Grosse. Su paso por el predio concentracionario de Monte Peloni tuvo algunas singularidades: era la única mujer y la principal tortura que soportó fue la humillación y el sometimiento sexual. A los 60 años, Araceli volvió al Monte clavado en su tragedia y decidió ser casera de su propio infierno. Los pájaros de esta primavera no se parecen a aquellos de septiembre del ’77, cuando la vida cayó en su fosa más honda. Pero ayer volvió a vivir la oscuridad de su noche, interrogada como si fuera una victimaria por el abogado Claudio Castaño, decidido a quebrarla psicológicamente. Hasta que se desalojó la sala y terminó su declaración a puertas cerradas. Las agresiones sexuales que sufrió se ventilarán en el juicio Monte Peloni 2, donde las responsabilidades y complicidades civiles llevarán al banquillo a unos setenta acusados.

Cuando a fines de 1976 las persecuciones hicieron imposible la vida en La Plata, Araceli Gutiérrez y su pareja, Néstor Elizari, buscaron refugio en Olavarría. Poco tiempo después se unirían a ellos Isabel “Pichuca” Gutiérrez y Juan Carlos Ledesma. El 13 de septiembre secuestraron al padre de ambas, Francisco Gutiérrez, subcomisario de la Policía Bonaerense. El 14 a Pichuca y a Juan Carlos Ledesma. El 16, a Araceli y Elizari. Aprovecharon las irrupciones para robar todo lo que hubiera a mano: desde una billetera con dinero hasta factura de cerdo recién preparada.

En la Brigada de Investigaciones de Las Flores, Araceli asistió a los últimos tramos de la vida de Graciela Follini de Villeres. La encontró en su misma celda, destruida por la tortura. Y presintió que se iba a morir. También vio un vestido de embarazo de su hermana Pichuca y unas latitas de leche Nido que decían té y café. Que se habían robado de su casa por pura impunidad. En Las Flores recordó haber visto a Federico Pippo. Siete años más tarde saltaría a una triste celebridad acusado del crimen de su esposa, Oriel Briant.

Supo después que su padre, Francisco, había estado en contacto con Pichuca. Que estaba gravemente enferma; ella había parido cinco días antes del secuestro y tenía una infección. Siempre le quedó clavada en el pecho la opción que dice que tuvo su padre: “Le dieron a elegir entre las dos hijas. Mi hermana y yo. Yo estoy acá, ella no. Son los pesos que uno tiene que cargar”.

El traslado desde Las Flores fue directamente a Olavarría. Más exactamente a la cercanía de Sierras Bayas: ella pudo espiar y vio la tradicional Calera Milesi. Eran las puertas del Monte Peloni. Los fueron bajando de a uno y a golpes. “Tiraban tiros y el revoque saltaba”. Los escuchó decir “hay una mujer”.

En la distribución, a ella le tocó un sillón en una habitación sola. Le pusieron un algodón en la boca y la dejaron escuchando el martirio de sus compañeros. “Había un especial ensañamiento con Alfredo Maccarini (agente penitenciario) al que le decían traidor.” Luego el interrogatorio le tocó a ella: “Me sentaron en una silla y me dijeron ‘vos vas a hablar todo lo que tenés que hablar porque, si no, nunca vas a poder coger en tu vida’. Y yo cerré las piernas instintivamente”.

Mientras le preguntaban por su padre vio a Carmelo Vinci delirando, a otros de sus compañeros enceguecidos golpeando sus cabezas al pasar por las puertas con dinteles bajos, a Cacho Fernández desesperado porque su hermano no había vuelto, a Ricardo Cassano convulsionando con claustrofobia, a otro atado con una esposa en un camastro.

A Ferreyra lo reconocía “por la nariz” y “porque pateaba una lona, yo lo veía por abajo y le decían ‘Ferreyra vos cada día estás más loco’”. Recordó sobrenombres: Cuaco, Pájaro, Vitullo, Pepe. Y el generador que hacía rodar la picana. “Cuando quieras hablar abrí y cerrá la mano”, decían.

Las definió como “las noches de aquelarre”, noches en que llegaban hombres “de afuera”. Araceli Gutiérrez estaba en el sillón. “Se sentó al lado mío un señor que, por el olor, fumaba cigarrillos negros. Empezó a manosearme. Vinieron otros más. Y me dijo ‘ah... qué olor feo que tenés’. No me dejan bañarme. Ese hombre me introdujo una pistola en la vagina, los dedos. Me manoseó...” Mutó la voz de esa mujer valiente, que aún hoy les hace frente a las noches en que “vienen los fantasmas a tomar mate conmigo al Monte”, como suele definir. “Yo les decía ‘ahora no’, ¿no puede ser mañana?” Como queriendo ahuyentarlos para siempre echó mano a una excusa frágil frente a la perversidad. Y alcanzó a definir que “estaba lastimada cuando se fueron”. Habló de un médico “de mujeres” que fue llevado al lugar para atenderla.

Los días y las noches en Monte Peloni son una huella en su memoria y su cuerpo. “Me quedó la marca de las esposas y, en la entrepierna, una cicatriz de cuando se me pegó el pantalón con la menstruación.” Cuando “estaba indispuesta y me tenía que higienizar, me alumbraban con linterna, se reían, se burlaban”.

Los represores decidieron –con esa particular valoración por ciertos símbolos– que se festejaría el Día de la Madre. Una caja de bombones le hizo saber que era el tercer domingo de octubre. Aquel día, ella y sus compañeros compartieron los bombones de chocolate. Algunos los devoraron “con papel y todo”.

Hacia el final, no todos estaban allí. En noviembre –en esa eternidad de dos meses desde el secuestro– les avisaron que los iban a trasladar. Fuera del casco de estancia colocaron una lata de combustible de 200 litros. Araceli Gutiérrez temió que “me cocinaran”. Le dieron ropa, “una pollerita cortita con una mancha de aceite”. Y también sus propias botas, una camisa y un saco de hombre. Así terminó su martirio dentro de Monte Peloni y emprendió, ya legalizada, el recorrido por varias cárceles hasta que en 1979 quedó en una semilibertad en la que siguió soportando el acoso de sus captores.

domingo, 21 de septiembre de 2014

Para conjurar los fantasmas de Monte Peloni

Empieza el juicio por la represión en Olavarria
Cuatro represores serán juzgados desde hoy por su actuación en el centro clandestino Monte Peloni. El juicio promete ventilar las complicidades empresarias y sociales con la represión en Olavarría, una ciudad ya sacudida con la aparición del nieto de Carlotto.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael

La identidad de Olavarría volverá a sacudirse con otro temblor estructural. Un mes y diecisiete días atrás, la aparición impensada de Ignacio Guido Montoya Carlotto había dejado al desnudo las vergüenzas históricas y sociales de la ciudad. Esas mismas complicidades, a través de los nombres de cinco militares represores, comenzarán a quedar expuestas en la vidriera judicial: hoy comienza el emblemático juicio en torno del campo clandestino de detención Monte Peloni, cuyos entretelones pueden arrojar luz sobre la apropiación del nieto de Estela de Carlotto.

Cuatro de esos represores estarán sentados allí, ante los jueces federales Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra: el entrerriano Ignacio Aníbal Verdura, 82 años, general de Brigada retirado obligadamente el 24 de mayo de 1986, después del atentado fallido contra el presidente Raúl Alfonsín; el mendocino Walter Jorge Grosse, El Vikingo, temible oficial de inteligencia que hoy ronda los 69 años; Horacio Rubén Leites, 64, y el emblemático Omar Antonio “Pájaro” Ferreyra, también de 64, sargento retirado del Ejército, galardonado por el eterno intendente Helios Eseverri como funcionario municipal.

El quinto jinete del horror, Juan Carlos Castignani, quien secundó a Verdura en el mando del Regimiento de Tanques 2 Lanceros General Paz, de Olavarría, no llegó a tiempo: murió el 19 de octubre de 2012. Los cinco habían quedado detenidos a mediados de 2009. El último en caer había sido Castignani.

Tres años antes, en mayo de 2006, la imagen de El Vikingo Grosse había quedado definitivamente congelada en el momento en que golpeaba a un periodista de América TV, en un acto de reivindicación del terrorismo estatal, en Plaza San Martín. Muchos años antes, en plena dictadura, había regenteado, como interventor, la radio AM de la ciudad. La que tiempo después compraría el grupo Fortabat.

Olavarría, esa ciudad de 110.000 habitantes forjada entre la piedra y el agro, que se reivindicó a sí misma por décadas como la capital del trabajo y del cemento, tiene una larga lista de 37 desaparecidos. Algunos de esos casos recién fueron denunciados muy pocos años atrás. Sin embargo, de cara al juicio por el circuito represivo de Monte Peloni son 21 las víctimas contempladas. Once son las que llegan con vida al juicio, aunque probablemente sólo diez estén en condiciones psicológicas de declarar. Seis fueron asesinados o continúan de-saparecidos desde 1977: Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma (Pichuca), Juan Carlos Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Graciela Follini de Villeres, Rubén Argentino Villeres y Alfredo Serafín Maccarini. Y otros cuatro murieron años más tarde: Francisco Nicolás Gutiérrez, Ricardo Alberto Cassano, Mario Elpidio Méndez y Guillermo Oscar Luján Bagnola.

La ciudad llega como un rey desnudo a este 22 de septiembre. Tuvo un primer gran terremoto el 5 de agosto, cuando como un reguero de pólvora empezó a instalarse el germen de la noticia que, horas después, revolucionaría al país entero: Pacho Hurban, el joven músico talentoso que suele tocar en Librería Insurgente, que dirige la Escuela Municipal de Música, que se crió en el campo Los Aguilares (propiedad de su entregador) y vive en el pequeño pueblo de Loma Negra era, en verdad, el hijo de Laura Carlotto y Puño Montoya; el nieto de Estela. Si desde hace diez años, cuando se presentó la denuncia penal por el circuito represivo que giraba en torno de Monte Peloni, los ojos estaban puestos en el día en que por fin se juzgara a los represores, nada fue igual desde ese 5 de agosto.

Mientras Verdura, Leites, Grosse y Ferreyra apuestan a una defensa política (no por casualidad, Verdura caracterizó que la calificación de crímenes de lesa humanidad constituye una “torpe excusa sofística y pseudojurídica para abrogar garantías” constitucionales) los velos sobre la ciudad se van descorriendo con una velocidad abrumadora. Que deja con jirones de piel a los referentes intocables del poder económico y social.

Dos años atrás, la génesis de la ciudad y su identidad cementera habían comenzado a temblar cuando se ventiló en Tribunales el secuestro y asesinato del abogado Carlos Alberto Moreno, patrocinante de los trabajadores de Loma Negra que contraían la silicosis (aspiración de sílice) como enfermedad laboral. Sus triunfos jurídicos generaron pérdidas económicas a la fábrica, a la que los jueces mandaron a investigar como “instigadora por codicia” después de la sentencia que condenó a tres militares y dos civiles. Fue puesta en tela de juicio la fábrica, la principal benefactora de la ciudad y Amalia Lacroze, la viuda de uno de los padres de Olavarría. La mujer a quien se siguió instalando en un altar, a pesar de todo.

El Monte Peloni se transformó en primer o segundo destino (en decisiones aleatorias) de los secuestrados, que en algunos casos pasaban por los calabozos de la Comisaría Primera o por la Brigada de Las Flores antes de caer en la casa en medio de la serranía. Pero también era un lugar de paso donde recibían el primer “ablande”. Carlos Genson, en su testimonio en los Juicios por la Verdad (Olavarría, 2006), aseguró haber visto en ocasiones a otros detenidos que no estaban entre los históricos militantes con quienes compartió cautiverio y que solían permanecer por uno o dos días.

Al teniente primero Horacio Rubén Leites, al sargento Omar Antonio Ferreyra, al capitán del Ejército y oficial de inteligencia Walter Jorge Grosse y al entonces teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura se los imputa de privación ilegítima de la libertad y tormentos en los 21 casos de Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Ricardo Alberto Cassano, Néstor Horacio Elizari, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Graciela Follini de Villeres, Rubén Argentino Villeres, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Guillermo Oscar Lujan Bagnola, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castelucci, Rubén Francisco Sampini, Osvaldo Raúl Ticera, Carmelo Vinci, Eduardo José Ferrante, Alfredo Serafín Maccarini y Juan Carlos Butera. Todos secuestrados en Olavarría entre el 14 de septiembre y el 1º de noviembre de 1977. Varios de ellos fueron vistos en los centros clandestinos de Las Flores (Brigada), Tandil (La Huerta), Monte Peloni (Olavarría), Pozo de Banfield o Brigada de Investigaciones de La Plata.

A Verdura, además, se lo juzgará por los homicidios de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini.

Tal vez los dos imputados más emblemáticos sean Verdura y Ferreyra. El primero, por haberse erigido en el dueño de la vida y la muerte en los primeros años de la dictadura, a la vez de tejer profundos lazos sociales y empresariales en la ciudad. El poder económico y la clase dominante fueron conniventes y aduladores del teniente coronel, jefe del Regimiento.

Ferreyra, el de menor rango, casi veinte años más joven que Verdura, se mantenía oculto en el ostracismo hasta que el entonces intendente Helios Eseverri (por consejo de la misma casta empresarial que compartía asados en los cuarteles) lo nombró director de Control Urbano. Sus víctimas lo reconocieron, las denuncias sacudieron a la ciudad y El Pájaro fue corrido por los pasillos de la Municipalidad por Araceli Gutiérrez (una de sus víctimas en Monte Peloni) con el micrófono y la cámara de Punto Doc, en las manos de Miriam Lewin. Eseverri lo mantuvo en el cargo con explicaciones de profunda vileza.

Poco más tarde, cuando fue mandado a casa por presuntos problemas de salud, fue detenido y enviado a Marcos Paz, donde esperó hasta esta semana el juicio que correrá el velo sobre el horror escondido y silenciado en medio de la naturaleza y el canto de los pájaros.


LA HISTORIA DE JORGE TOLEDO, INCITADO AL SUICIDIO EN LA CARCEL

El estrago de la tortura

El Negrito Toledo fue secuestrado en 1978, en Olavarría. Estuvo detenido en Sierra Chica y luego en el penal de Caseros. Víctima de torturas y de un supuesto tratamiento psiquiátrico, terminó suicidándose en 1981.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael

El Negrito ya era nada más que un pedazo de muerte que había llegado a la casa como una concesión de los verdugos. Su madre había decidido que el ataúd descansaría sobre la mesa para que tuviera el velorio que tantos de sus compañeros desaparecidos no tendrían jamás. Angela, diez años su novia, acarició esa madera y fue a la puerta cuando sonó el timbre. Como la última burla del penal de Caseros, el laboratorio carcelario de experimentación con presos políticos, el cartero entregó una carta de él. La había escrito un día antes de colgarse con una sábana de las rejas del ventanuco. Y llegó después que su cuerpo muerto. Como un reflejo de vida remanente.

Jorge Miguel Toledo, el Negrito, tuvo dos vidas claras: la libertad y el cautiverio. Fue el tipo brillante, talentoso, convincente. Y fue también el hombre derruido, silenciado, estragado por la tortura y arrasado psíquicamente por un manejo perverso y sistemático de la medicación.

Angela Ondícola (Angelita, la llamaba él) es la única que motoriza su recuerdo. No hay más familia del Negrito. Y ella, aunque hizo una vida propia, no tuvo hijos y vuelve a tener veinte años cada vez que visita sus huesos en el cementerio de Olavarría. Se conocieron hacia 1972, ella de 17 y él de 19, en uno de los históricos bailes de Pueblo Nuevo.

Juan José Castelucci, compañero de militancia universitaria, lo recuerda como “uno de los mejores cuadros políticos que tenía nuestra juventud”. El Negrito generaba una corriente de admiración en propios y extraños. Como en José, que lo recuerda desde Franja Morada: “Me parece verlo parado en el escenario rodeado de sus compañeros, de pantalón negro y amplia camisa blanca sin una arruga, zapatos negros brillantes y la misma cara ovalada, piel cetrina, y remolino en el pelo. Era, con 20 años, un excelente orador”.

“Una personalidad superior a la del soldado; comprometido pero indispuesto a la orden, cuestionador, con mucha inteligencia: nunca fue orgánico, tenía pasta para líder”, lo describe Rubén “Chato” Sampini, desde la vieja JUP. “Eran memorables sus asambleas en la universidad; y siempre recuerdo una definición: ante una asamblea fortabatizada de esos tiempos, el Negro dijo ‘si hacer política es gestionar para que cada uno tenga un plato de comida en su casa... yo hago política’”. Es que, en esos tiempos, el centro de estudiantes estaba pensado “para armar el agasajo de fin de año para la familia Fortabat”, padre y madre financieros, Alfredo y Amalita, del Instituto Universitario de Olavarría. “Con el Negrito, rompimos esa fachada y armamos democráticamente una oposición, sin olvidar que Olavarría siempre fue la retaguardia de la burguesía concentrada”, relata Sampini.

Jorge Toledo nació el 2 de febrero de 1953. En mayo de 1976 se recibió de contador, a los 23 años. Amaba jugar al fútbol y al pingpong, y fue el juego lo único que lo devolvería a una vida esporádica durante su detención.

Para 1977, había abandonado la militancia y los secuestros habían diezmado cualquier posible resistencia. Tenía una oficinita montada con un amigo y a la tarde trabajaba en la Cámara de Almaceneros, donde Angelita fue a esperarlo el 6 de febrero de 1978, a las cinco menos diez de la tarde; cuatro días antes el Negrito había cumplido 25 años. “A Jorge lo vinieron a buscar en un Falcon verde. Dijo que volvía enseguida”, le comunicaron.

Cuatro meses más tarde, apareció la primera señal de vida: una carta desde Sierra Chica. “La primera vez que lo vi me dijo ‘estoy tan castigado’. Estaba muy triste, muy mal, no era mi Jorge.” Una de las estrategias de destrucción eran las cadenas de traslado. De pronto regresaban cartas devueltas con un sello rojo que decía “en libertad”. Pero en realidad ya estaba en otra cárcel.

A mediados de 1981 el Negrito llega a Caseros, su destino final. El laboratorio donde experimentarían con su resistencia. Y donde lo arrastrarían al suicidio (ver aparte). Allí se encontró por un breve tiempo con uno de sus amigos más cercanos: “Lo vi totalmente abrumado y algo desequilibrado”, relata Castelucci.

Toledo aseguraba haber estado en un lugar que jamás pudo identificar. Muchos suponen que podría haber sido Monte Peloni. En el Informe de la Memoria de Olavarría aparece como un hecho certero, aunque nadie pudo probarlo. Carmelo Vinci, uno de los sobrevivientes de ese centro clandestino, supone que el Negrito estuvo solo en el Monte, cuando ya todos ellos habían sido trasladados.

“Las pocas cosas que el Negrito decía sobre la tortura eran desoladoras. Su otro gran tema era el suicidio del hermano. Y el tercer tema era el tratamiento psiquiátrico. Nos contó cómo percibía que ese tratamiento no estaba bien”, dice Hernán Invernizzi. “Armamos una pequeña red para controlar la medicación y nos dimos cuenta de que un día no le daban y, al otro, le hacían tomar todo junto. Las entrevistas con psicólogas y con el psiquiatra lo violentaban, lo tensionaban, volvía temblando, al borde de la convulsión.”

Aquel 29 de junio de 1982, en la fila india hacia el recreo, Hugo Soriani intentó convencerlo de salir. “No quiere”, dijo. Jorge “Quebracho” Gessaga lo vio parado sobre la diminuta mesita de metal. “Pensé que estaba mejor y que quería mirar para afuera por la ventanita... después entendí que estaría tratando de ver cómo hacer para terminar con su vida.”

El recreo se alargó más de lo debido. Había movimientos extraños, los guardiacárceles se mostraban nerviosos, un médico, gritos, y la camilla con el cuerpo tapado fue la sensación más feroz de que la muerte asomaba una vez más.

“Hubo complicidad directa porque pudo hacerlo en un lugar donde suicidarse era muy difícil –dice Invernizzi–. Una persona que se cuelga tarda bastante en morirse. No es fácil. Le tiene que haber llevado un tiempo. ¿Nadie lo vio, cuando la cárcel es un panóptico?”

Aquella misma noche, a los detenidos les sirvieron carne al horno, papas, batatas... Los querían hacer partícipes de la celebración de la muerte. Muchos no pudieron probar bocado. Y enloquecieron de rabia cuando empezó a sonar, por los altoparlantes, la marcha fúnebre. Que no paró en toda la noche.

Tan conmocionante fue la muerte que a los tres días levantaron el pabellón y en poco tiempo cerraron Caseros para los presos políticos.





EL REGIMEN EN CASEROS
“Enloquecer y enfermar

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael

El 10 de julio de 1980, en el penal de Caseros, Eduardo Schiavoni –según la versión oficial– fue encontrado colgado en su celda. En la denuncia que tiene en sus manos desde hace dos años el juez Daniel Rafecas, la hermana de Eduardo, querellante, está convencida de que “lo asesinaron, o bien lo manipularon o sometieron a apremios, o lo desatendieron hasta llegar al resultado muerte”. En días previos, Schiavoni “necesitaba un tratamiento adecuado para sus eventuales alteraciones”. Y le fue negado. Por eso, se enmarca en “un plan de exterminio que incluía un subplan de destrucción psico-física sobre los casos particulares de detenidos psiquiátricamente frágiles”. Schiavoni y Toledo fueron víctimas en el marco de ese plan.

Caseros funcionaba como un laboratorio destinado a “enloquecer, enfermar, destruir a los presos políticos con la menor violencia física posible. Prácticamente no se ensuciaban las manos. Era como un juego virtual. Por algo siempre repetían: ‘De acá van a salir locos, putos o quebrados’”, dice Hernán Invernizzi. “Cuando veían a alguien particularmente débil, desarrollaban toda una batería para destruirlo”, recuerda Hugo Soriani, que estuvo alojado en la celda contigua a la de Toledo.

Ese funcionamiento no era casual. Nacía en laboratorios profesionales multidisciplinarios que –reconstruye Hernán– tejían estratégicamente médicos, abogados, psiquiatras, “paradójicamente muchos profesionales de la salud dedicados a minarle la salud a otro”. “En el plazo de dos años, en Caseros tuvimos los suicidios de Schiavoni y Toledo más varios intentos. Son temas de los que no se habla. Y a todo esto hay que sumar que teníamos a seis compañeros con problemas cardíacos severos y de los que también nos teníamos que ocupar. Otro compañero de mi orga estaba muy mal, decía que el estado mayor de la revolución se había instalado en Venus y desde ahí monitoreaba el proceso. A un empresario hotelero de apellido Taub, que era diabético, obeso, lo alentaban a comprar enormes recipientes de dulce de batata. Le ofrecían azúcar constantemente. Ese era nuestro pabellón”, dice Hernán.

En el caso de Toledo fueron once, la mayoría del PRT, quienes se empecinaron en hacer una denuncia penal por homicidio. El juez interviniente y su secretario viajaron a Rawson a tomarle declaración a Soriani y le mostraron las fotos del Negrito muerto para que lo reconociera. Después, todos ellos le perdieron el rastro a la causa.

El abogado Pablo Llonto patrocina a Alicia Schiavoni en la causa por el homicidio o suicidio inducido de su hermano. “Ojalá que este año, al fin, se ponga en marcha la investigación de los hechos ocurridos durante la dictadura en las cárceles de Devoto y de Caseros y tanto en los asesinatos y tormentos como en los asesinatos disfrazados de suicidios, como el de Schiavoni”, plantea Llonto.

En la cárcel de Devoto murió la detenida política Alicia Pais el 1º de noviembre de 1977. Tenía un ataque de asma y le negaron la atención médica. En Caseros, a través de suicidios provocados, murieron Eduardo Schiavoni en 1980 y Jorge Miguel Toledo en 1982.

miércoles, 7 de mayo de 2014

Mansión Seré: “No sabía si iba a terminar torturada, violada o muerta”

Lo dijo Zoraida Martín, que declaró hoy junto a su hermana menor Adriana en el juicio de Mansión Seré, que tiene ocho imputados por delitos de lesa humanidad. Ambas fueron secuestradas en 1976, cuando tenín 14 y 16 años.
Militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios
Por: Natalia Biazzini

Cuando esta tarde entró a la sala del tribunal, Adriana Martín le agarró fuerte la mano a su hermana mayor, Zoraida, que había declarado más temprano ante el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Las hermanas les contaron a los jueces los secuestros que sufrieron durante la última dictadura militar. La noche del 16 de diciembre de 1976, un grupo de tareas fue hasta la casa de las hermanas en Castelar. Con piñas, insultos y amenazas preguntaron por Zoraida, quien tenía 16 años. Decían que era oficial de la guerrilla y que había participado en un operativo donde habían matado a un cura. Nada de eso era cierto. Las hermanas militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios y habían organizado los centros de estudiantes de sus colegios, pero no estaban en la lucha armada. Como no la encontraron se llevaron a su hermana Adriana, de 14. Un mes después integrantes de la Fuerza Aérea secuestraron a Zoraida en Mendoza, quien hoy después de tantos años se animó a contarle por primera vez a un tribunal las violaciones que sufrió y que le dejaron cicatrices que al día de hoy no puede cerrar.

El juicio de Mansión Seré tiene ocho imputados acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en la zona oeste del conurbano bonaerense. El TOF está integrado por los jueces Marcelo Díaz Cabral, Alfredo Ruiz Paz y María Claudia Morgese Martín. Los acompaña el juez sustituto Elbio Osores Soler. Está previsto que atestigüen 115 personas y que el debate oral dure un año.

Los acusados se sentaron en el costado derecho de la sala. Se trata de los tres ex policías bonaerenses: el ex comisario Néstor Rubén Oubiña, el excabo Felipe Ramón Sosa, y el ex cabo y ex auxiliar de la Fuerza Aérea, Héctor Oscar Seisdedos. También estuvieron los excabos Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis; los exbrigadieres Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Comes y Miguel Ángel Ossés, que cumple arresto domiciliario y llegó al tribunal en silla de ruedas.

Adriana

Sobre el allanamiento en la casa de Castelar, Adriana recordó: “Cuando mi madre pidió que se identificaran, ellos dijeron que eran de la Fuerza Aérea. Los gritos de ellos, los insultos, las amenazas: `Zurdos de mierda, los vamos a matar’, eran terribles. Nos golpearon a mi mamá, también a mis hermanitos de 8 y 12 años. A mí me dieron patadas en el estomago. Me temblaba todo el cuerpo”. Su mamá la escuchaba desde la primera fila. Tina Carrión fue una de las Madres de Plaza de Mayo y hoy es secretaria de Derechos Humanos en Ituzaingó.

Adriana contó su historia con una nitidez precisa, como si estuviera volviendo a vivir toda aquella bestialidad otra vez. Contó su llegada a la comisaría 3ra de Castelar y de la odisea de los cinco interrogatorios que tuvo. “Me preguntaron por nombres de compañeros, por Susana, que era el nombre de guerra de mi hermana, y por operativos donde supuestamente había participado ella. Me pegaban piñas en la cara, golpes en la cabeza. No podía parar de temblar".

El juez Díaz Cabral le preguntó si su cuerpo aparentaba el de una chica de 14 años. La testigo dibujó una sonrisa irónica en su rostro y respondió: "Mi madre me decía enana, era bajita y no había desarrollado todavía". Su hermana Zoraida la escuchaba desde la segunda fila, con la mirada baja. Horas después del secuestro de Adriana, la hermana mayor llegó a la casa y su mamá le contó lo que había pasado. Zoraida se escondió en otras casas hasta que una tía paterna la refugió en Mendoza.

Los primeros días que pasaron desde el primer interrogatorio, Adriana no recibió alimentos ni pudo ir al baño. En su celda solo había papeles y cartones, donde se acostaba a dormir. Por dichos de presos comunes supo que estaba en la comisaría de Castelar y que los oficiales de guardia eran de apellido Sánchez y Sosa.

Zoraida

Adriana recuperó la libertad un mes después. Más o menos en la misma época, integrantes de la Fuerza Aérea secuestraron a su hermana en la ciudad de Mendoza y la subieron a un avión con rumbo a Buenos Aires.

-¿Querés conocer la provincia de Córdoba?- le preguntaron en pleno vuelo.

Ella no respondió y alguien le sacó la cabeza por una especie de ventanilla. “Creí que iban a matarme, a tirarme al vacío– contó con voz temblorosa-. Tanto miedo me quedó a volar que hace poco pude hacerlo sin nervios”. En el avión también la golpearon salvajemente. “Nosotros éramos cuatro hermanos y mi mamá, ayudábamos en la economía doméstica. Vivíamos de forma humilde, sin lujos. Y por como nos formamos, yo no estaba acostumbrada ni a recibir una cachetada”, contó a los jueces.

De la base aérea de El Palomar, la llevaron a la comisaría de Castelar, donde semanas antes había estado su hermana. “Prendieron el transformador y me dieron electricidad en todo el cuerpo: orejas, pezones, dientes. A los 18 años no tenía ninguna pieza dental. Era muy fuerte la intensidad de la corriente”. La patota le preguntó dónde estaban las armas, cuál era su casa operativa y por el operativo donde habían matado al cura. Ella no tenía respuesta para ninguna de esas preguntas y la patota se enfurecía y la torturaba más. La testigo aportó apodos de los represores: Juan, Gato, Turco, Jorge. Los nombres verdaderos no los supo. A alguno lo reconoció en un álbum. “Ellos tenían nuestras fotos, sabían todo de nosotros. En cambio, cuando me tocó reconocerlos en algún juzgado, siempre faltaban las fotos de muchos de ellos”.

 Al igual que su hermana, Zoraida también identificó a los policías Sosa y a Sanchez. “Sosa se lamentaba y me decía que no le quedaba otra, que él había venido del Interior y que no estaba de acuerdo con lo que hacía la patota”. El imputado, de 1,90 de estatura, la escuchaba a pocos metros de ella.

“Los episodios de la noche eran los más duros. Un policía al que yo identifiqué con mayor jerarquía me obligó a hacerle sexo oral. Después ingresó a la celda y me violó”. La hija de Zoraida, de 27 años, la escuchaba desde la primera fila y con un pañuelo se secaba las lágrimas que no paraban de brotarle de los ojos.  “A la noche venía el grupo de tareas y me torturaba o traía a otros compañeros y los torturaban a ellos. También venían y me violaban. La tensión durante la noche era terrible, no dormía. No sabía si iba a terminar torturada, violada o muerta”.

Sobre Sánchez, la testigo contó que la violó muchas veces. Incluso, que cuando salió en libertad  muchas veces se lo cruzó en el tren Sarmiento y el hombre le hacía señas. La seguía hostigando. “Todos estos años traté de hacer un ejercicio para olvidar todo lo que me pasó, sino creo que me hubiera matado. Pero también esperé mucho tiempo para contar estas cosas. En 2008 no lo declaré en el otro juicio porque no lo estaban juzgando por delitos sexuales, no quería lastimar a mi familia pero ahora es distinto”.

“Cuando volví a mi casa, era una familia destruida. Mi mamá se la pasaba en la Plaza de Mayo buscando a los compañeros. Nosotros no teníamos para comer. Los vecinos no se arrimaban por miedo”. Días después las hermanas consiguieron trabajo en una multinacional vecina. El dueño les dijo que él era judío y sabía lo que significaba ser un perseguido político. Zoraida trabajó muchos años en esa fábrica y hasta fue delegada gremial. Zoraida y su hermana nunca dejaron de militar: “Esto para mí es una forma de vida. Desde los doce años supe que no podía salir de la pobreza, si no era transformar junto con otros compañeros, de forma colectiva”